Por Arturo Solís, Viridiana Mendoza y Mauricio Hernández

La propuesta de Ricardo Monreal Ávila, coordinador en el Senado del partido gobernante, para fusionar a los reguladores autónomos encierra diversos riesgos hacia los mercados que actualmente vigilan, advirtieron analistas de múltiples sectores.

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y conformar el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

Con esta iniciativa, Monreal persigue disminuir “la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México”, que en la práctica significa reducir el gasto del gobierno en medio de la peor crisis económica de la historia moderna.

La fusión lograría un ahorro presupuestal acumulado de 25% o 400 millones de pesos (mdp), después de un recorte de 440 trabajadores, equivalente a 21% de su fuerza laboral en servicios personales, estima el documento.

“La concentración de los organismos autónomos de regulación en materia de competencia no puede tener un fundamento presupuestal, pues estas entidades tienen hoy asignado sólo 2% del presupuesto y también son las que presentan más subejercicios”, explica Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la cuenta pública reportada hasta abril, el IFT lleva 28% menos gastado en relación al presupuesto aprobado y en la Cofece el subejercicio alcanza 19%.

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Estas instituciones han enfrentado recortes presupuestales de hasta 37% anual, acompañados de múltiples críticas desde que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha cuestionado su eficacia y elevados salarios.

“¿Qué hicieron durante todo este tiempo? Agrandaron el gobierno. Instituciones para todos, comisiones. Supuestamente órganos autónomos con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche”, declaró el AMLO, el pasado 7 de diciembre de 2018.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) expone que, si bien la eficiencia y ahorro regulatorios son objetivos loables y necesarios, en una iniciativa así solo sirven de pretexto para cometer el grave error de fusionar los reguladores.

El IFT, por ejemplo, tiene bajo su responsabilidad derechos fundamentales como el acceso a tecnologías de la información, derecho de audiencias y libertad de expresión que no deben estar sometidos a criterios de austeridad, “máxime cuando no existe un pleno cumplimento y ejercicio de los mismos”.

El análisis Impulsar la Competencia mediante una regulación inteligente, de María Fernanda Ballesteros, para México Evalúa, destaca que México ocupa el lugar 90 de 137 países en el indicador de extensión del grado de dominancia del mercado del al Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum,  lo que implica que se perciben muchos sectores en los que existen empresas con poder de mercado y por tanto los precios son más altos que los que podrían existir en condiciones de competencia.

El reporte explica que la política regulatoria no sólo debe buscar reducir costos administrativos, sino considerar y evaluar el impacto que está teniendo la regulación en la innovación, crecimiento y productividad. 

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“A nivel internacional incluso se empieza a cuestionar cómo indirectamente esta política puede tener un impacto en temas como inclusión y reducción de la pobreza. Por ello se considera que antes de replicar el modelo de mejora regulatoria al orden local, es importante tomar en cuenta las limitantes que aquí se presentan de la política de mejora regulatoria que impactan en su alcance y efectividad. El gobierno federal debe considerar que los regímenes regulatorios son mucho más complejos que en el pasado. La naturaleza y diversidad de los riesgos se han ampliado, así como las expectativas de la sociedad”, señala. 

La inspiración

Monreal recoge el caso español de 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aglutinó a los reguladores en materia de competencia económica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroportuaria, servicio postal y medios audiovisuales.

“España funciona dentro de una metajurisdicción que es la Unión Europea. Hay otras condiciones totalmente políticas y jurídicas que pueden justificar o no este modelo”, comenta el abogado Daniel Salomón, asociado del despacho jurídico González Calvillo, quien detalla que México ha estudiado instituciones estadounidenses para la fundación de este tipo de autoridades.

Los acuerdos internacionales como el tratado comercial entre México  Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exigen una legislación obligatoria en materia de competencia dentro de la constitución mexicana.

“México se puede meter en un problema por estos tratados a menos que haya una legislación compatible con nuestros socios comerciales”, menciona en entrevista el director del Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO), Manuel J. Molano.

Selección presidencial

El nuevo regulador se conformará por cinco integrantes, con un máximo de tres de un mismo género, de los cuales uno será nombrado presidente, alternando también el género. Se pedirá grado de maestría y cinco años de experiencia en alguno de los ámbitos que vigilará el instituto.

Las consejeras o consejeros serán designados en forma escalonada por el presidente de México a propuesta del Senado, cuya mayoría posee Morena.

“Si el único filtro es el Senado, la elección de consejeros se puede politizar horriblemente”, advierte Molano.

“De nada sirve que el órgano regulador va a ser constitucionalmente autónomo si el presidente va a tener injerencia directa en la designación de los mismos”, coincide Salomón.

Este temor responde a las designaciones del presidente de personas cercanas a su administración en los reguladores energéticos, tras controversias por sus intenciones de fortalecer a las empresas estatales Pemex y CFE.

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Otro peligro que contiene la propuesta es eliminar el examen de conocimientos para los consejeros que integrarían la cabeza del Instituto, con el fin de evitar formación endogámica, introducir visiones externas al regulador o imponer un sesgo tecnocrático.

Los reguladores necesitan abogados, economistas e ingenieros muy especializados. Si alguien tomará decisiones sin esa formación sí puede hacer daño y provocar cosas terribles, advierte Molano.

Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC)  destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.

“La politización de estos órganos autónomos constitucionales a través de nombramientos a modo, destruiría un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados técnicos que inició con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que eran órganos desconcentrados de las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes, pero que con la reforma de 2013 se les otorgó autonomía constitucional y se estableció un procedimiento muy riguroso para la elección de los comisionados, que precisamente evitaba la interferencia política”, concluyó.

 

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