Tras un año y medio de gobierno, la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado consecuencias con múltiples impactos, incluso legales, dentro del sector. Las decisiones de gobierno, como cancelación de licitaciones petroleras y eléctricas, negociaciones privadas de contratos han ocasionado una degradación de calificaciones crediticias del país y las empresas estatales. También han ocasionado demandas y amparos por limitar a las energías renovables.
Detrás de estos movimientos está la intención de la actual administración para revertir los efectos de la Reforma Energética de 2013, impulsada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, con acuerdos que interpretan las leyes, pero sin hacer modificaciones constitucionales, al tiempo que ha reiterado que no cambiarán la Constitución.
“No se puede pensar que soberanía energética es autosuficiencia absoluta”.
Ángel de la Vega, investigador especializado en energía y economía de la UNAM
El objetivo del gobierno morenista es alcanzar la soberanía energética, que en la práctica significa el fortalecimiento de las empresas estatales Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de la Secretaría de Energía (Sener).
Para lograrlo, el mandatario ha instalado a gente de su confianza en lugares estratégicos: al ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza como cabeza de la petrolera mexicana, al abogado y político expriista Manuel Bartlett al frente de la compañía eléctrica y a la ingeniería química Rocío Nahle como encargada de la política energética, que dominan sus sectores mientras la incipiente participación de empresas privadas intenta crear un terreno de competencia.
Para 2020, López Obrador presupuestó más de 1 billón de pesos a las empresas productivas del Estado y Sener para recuperar la época dorada de los monopolios energéticos.
Pero la inyección de dinero a las compañías nacionales no es sinónimo de fortalecimiento, pues ha quedado fuera del plan la organización y conducción del sistema energético y sus implicaciones para el sector, ante la participación de inversionistas extranjeros y tenedores de deuda de las empresas.
“No se puede pensar que soberanía energética es autosuficiencia absoluta”, comenta el académico e investigador especializado en energía y economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel de la Vega.
Un botón de muestra: México importa 80% del gas natural que demanda el país. Este energético es fundamental para la generación de electricidad, pues representa poco más del 40% de la capacidad instalada para producir energía que involucra esquemas de generación con empresas privadas.
“El país importa una cantidad impresionante de gas, Por ahí no he visto que esto preocupe al presidente, porque en el país tiene recursos”, declara el investigador.
De la Vega agrega que el gobierno de López Obrador está enviando mensajes contradictorios a los inversionistas y demuestra que hay un desconocimiento en sus filas de los temas energéticos, como el caso de los gasoductos y los contratos “leoninos” de CFE con TransCanadá, IEnova y Carso Energy, que terminó por resolver el empresario mexicano más rico del país.
“Carlos Slim dijo prácticamente lo que se tenía que hacer”, agregó el catedrático.
Aquí la historia: Gobierno de AMLO logra acuerdo con constructoras de gasoductos ‘leoninos’
Lealtad versus técnica
Uno de los principales problemas de la política mexicana es que los cargos del sector energético se otorgan por lealtad y relaciones en lugar de su capacidad técnica, comenta Grunstein.
“Lo hemos visto en otros gobiernos, es el cuento más sabido de la política: los cargos son por lealtad y relaciones, no son por aptitudes técnicas. El exsecretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell es un hombre muy estudioso, Llevó muy bien la parte política de la Reforma Energética y dejó que los expertos tomaran las decisiones técnicas”, menciona.
En cambio, dice, Nahle piensa que los ingenieros de Pemex y CFE van a resolver la política pública, pero “no es una cuestión de tornillos, sino de estrategia”.
Uno de los puntos de quiebre entre ambos pilares es el consejo de administración de Pemex que encabeza la secretaria de Energía. Grunstein comenta que el director y la funcionaria “no se llevan bien” pero tienen que interactuar constantemente.
“Pasó con Georgina Kessell (Sener) y Jesús Reyes Heroles (Pemex). Se quedó kessel, pues la relación era insostenible”, comenta la analista.
México, con un sistema político “muy particular”, enfrenta el peso de contar con una claridad en los más altos niveles acerca del sistema energético con una articulación técnica ordenada y clara.
“Necesitan conocer lo que pasa en el mundo, por ejemplo lo que representa la OPEP y Estados Unidos para nuestro país. A partir de esa concepción, se elige a las personas, Y no al revés, no personas de confianza o cercanas”, menciona De la Vega.
Su comentario se refiere a las tensiones que enfrentó México con el cartel petrolero después de que la secretaria de Energía, rechazó su propuesta de reducir la producción de México en 400,000 barriles diarios, y contraofertó solo 100,000.
¿Un nuevo camino de la política energética?
Hoy la administración de López Obrador enfrenta una avalancha de amparos tras limitar la operación de plantas de energía renovable bajo el argumento de que afectaban la confiabilidad del sistema eléctrico nacional durante la pandemia de coronavirus covid-19.
El académico de la UNAM dice que el gobierno tiene la legitimidad democrática para incluso regresar a un modelo anterior a la reforma energética, con los aspectos negativos que esa decisión provocaría, pero tampoco las autoridades eligen ese camino, provocando incertidumbre hacia el exterior y que le resta certeza a las inversiones comprometidas, por ejemplo, en materia de generación eléctrica.
“Los inversionistas extranjeros se ubican en cualquier marco regulatorio, siempre que sea claro, pero no lo veo”, agrega.
La especialista energética considera que la consecuencia de esta política afectará los procesos productivos como la declinación productiva de petróleo y sus reservas, además de provocar aún más desconfianza entre los mercados internacionales, concentrada en las trabas al sector de energía solar y eólica.
Existen ejemplos en otros países sobre cómo conducir de forma eficiente los sectores y su normatividad. Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico están las similitudes entre CFE y Electricidad De Francia (EDF), cuyas similitudes son múltiples por sus modelos cercanos ante la presencia del Estado.
De La Vega agrega que a la compañía francesa, que ya cotiza en el mercado bursátil francés, llegan personas con experiencia de todo tipo, pero que priorizan la técnica y las regulaciones del país europeo.
“Esa gente, por la manera en que dirigen la compañía y por su formación, da certidumbre. Lo que dicen, la gente en Francia lo toma con credibilidad y confianza”, agrega.
El gobierno mexicano incluso dejó sin cabeza a los reguladores energéticos cuando intentaron aplicar reglas que afectaban las intenciones de Sener, Pemex y CFE.
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Para sustituirlas, el presidente ha designado a personajes cercanos a su administración.
El caso más emblemático fue la designación de Ángel Carrizales como director de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), después de que fue rechazado cinco veces por el Senado para ocupar un lugar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Consejo de Pemex.
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“Si no interesa fortalecer esas comisiones, entonces la intención es regresar a un modelo donde las decisiones se toman desde la presidencia y sus secretarias”, concluyó.
