Por Felipe Mora*

En los últimos años, la responsabilidad del sector público y privado frente a las medidas anticorrupción y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ha crecido exponencialmente, obligando a las organizaciones a desarrollar y perfeccionar procesos de gestión de riesgos. Eso se debió, principalmente, a las normativas impuestas por Estados Unidos posterior a los ataques terrorista del 11 de septiembre de 2001.

A partir de esa fecha, el gobierno estadounidense implementó una serie de medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), o Anti Money Laundering (AML) en inglés, y Anticorrupción, con el objetivo de evitar nuevos ataques terroristas financiados con dinero ilícito.

Estas medidas cambiaron completamente el panorama global de gestión de riesgo y México recientemente, ha adoptado normativas más estrictas para combatir este flagelo.

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Hoy en día, la regulación aplica sobre todo a instituciones financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables.

Como actividades vulnerables, se consideran:

  • Juegos con apuesta, concursos y sorteos.
  • Tarjetas de crédito o de servicios.
  • Tarjetas prepagadas.
  • Cheques de viajero.
  • Préstamos o créditos, con o sin garantía.
  • Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles.
  • Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes.
  • Subasta y comercialización de obras de arte.
  • Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos).
  • Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles).
  • Transporte y custodia de dinero o valores.
  • Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles.
  • Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro.

Además, poco a poco, las normativas también se están extendiendo a cualquier tipo de corporación.

Existen normativas locales para la prevención del lavado de dinero y la corrupción:

  • Prevención de Lavado de Dinero. México, junto a Colombia, es uno de los países latinoamericanos más avanzados en términos de PLD a nivel regional. Las mejores prácticas exigidas a las instituciones financieras que utilizaban a los bancos corresponsales en los Estados Unidos sirvieron de base para las normativas locales y estas se han vuelto cada vez más rigurosas. Las instituciones y empresas que no cumplen con la regulación de PLD están sujetas a sanciones y por consiguiente podrían caer en la imposibilidad de operar en el País. Asimismo, el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) es aplicable a todas las personas que intervengan en la comisión del delito de forma directa o indirecta, tal como lo define en México el Código Penal Federal en su artículo 400 Bis, estableciendo de 5 a 15 años de cárcel y de mil a 5 mil días de multa respecto al salario mínimo.
  • Anticorrupción. La regulación anticorrupción de México se ha fortalecido aún más desde el 2016, en donde se estableció que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales administrativos de los estados serán quienes impartirán justicia para casos de corrupción. Por otro lado, esta nueva regulación vincula en las investigaciones no solo a servidores públicos, como se hacía anteriormente, sino también a los particulares, ahora familiares y esposas de políticos serán investigados. Las empresas multinacionales con operaciones en México, también deberán cumplir con la normatividad de su país de procedencia, como es el caso de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) de Estados Unidos y UK Bribery Act, del Reino Unido. Ambas garantizan que las compañías sujetas a estas regulaciones cumplan con las normativas de su casa matriz y con la normativa de los países donde operan.

Exigencias y recomendaciones

En México, las empresas sujetas a las normativas locales e internacionales deben adoptar mejores prácticas para evitar sanciones, garantizar la continuidad de su operación o incluso evitar la cárcel a las personas responsables. Entre ellas, se destacan:

  • Conocer a los clientes, toda la cadena de suministros (proveedores), y empleados. Para eso, es necesario contar con sistemas y contenidos adecuados y eficaces de identificación de estas partes.
  • El sector financiero está obligado a tener un área de cumplimiento. En el sector corporativo, las empresas más grandes y principalmente las multinacionales ya cuentan con área de cumplimiento, generalmente liderado por el área legal.
  • Capacitar a los empleados de instituciones financieras en mecanismos PLD y anticorrupción periódicamente. En el caso de las instituciones financieras, la formación debe ser anual

En resumen, el cumplimiento regulatorio se convirtió en una condición básica para sustentabilidad del negocio; para prevenir y evitar riesgos como los que afectan la reputación de las marcas comerciales.

Es fundamental revisar a los clientes, proveedores y empleados y tener herramientas y controles no solo en el momento de la contratación, sino durante todo el ciclo de vida de la relación comercial.

*Felipe Mora es especialista en soluciones de Cumplimiento y Riesgo Corporativo de Thomson Reuters.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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