La austeridad republicana y la política anticorrupción que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador podrían significar un antes y un después para las contrataciones de gobierno. Y en el ínterin, una etapa de acomodo para los proveedores de insumos, servicios y obra pública, quienes ya tocan la puerta de los despachos que tienen áreas de asuntos corporativos para entender los posibles cambios o para defenderse de las primeras afectaciones.
Las dos grandes decisiones del ejecutivo que marcarán el golpe de timón son la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM, que ha desatado un sinnúmero de negociaciones entre contratistas y gobierno) y el anuncio de un nuevo sistema de compras consolidadas que ha cimbrado al sector salud.
Pero también ronda la preocupación por el alto nivel de adjudicaciones directas y un reclamo de los potenciales clientes, porque las licitaciones salen a cuentagotas. “Normalmente, los primeros seis meses son de estabilización en las nuevas administraciones”, dice René Arce, socio de Hogan Lovells en México y Monterrey, quien asegura que esta etapa puede durar hasta 10 meses.
Fast track
De acuerdo con una investigación presentada el 27 de marzo de este año por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en datos de Compranet, durante los primeros meses de 2019, las adjudicaciones directas representaron 74% de las asignaciones de obra pública del Gobierno Federal, mientras que el mecanismo de licitación pública aportó 18% y la invitación restringida a cuando menos tres personas, 7%.
“Hemos visto adjudicaciones directas importantes, en donde a lo mejor pudimos haber visto un procedimiento de licitación”, explica Jorge León-Orantes, presidente de Santamarina y Steta.
La investigación de MCCI destacó la adjudicación directa de tres contratos para realizar estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y de desarrollo del plan maestro, por un monto de aproximadamente 90.9 mdp, para la construcción del Tren Maya. La justificación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue que la dependencia tenía “atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos”.
Otro caso de la asociación es la construcción de la refinería de Dos Bocas, para la que el gobierno federal emitió una invitación restringida a cuatro empresas que tienen cargos por presuntos actos de corrupción. El proceso quedó desierto.
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Foto: Arturo Monroy / Notimex.
“Al no haber certidumbre por parte del actual gobierno, cuando también hay mensajes contradictorios, los inversionistas definitivamente se toman un poquito más de tiempo para pensar sus inversiones”, asegura Alejandro Montes Jadob, socio en EC Legal Rubio Villegas.
“Las asignaciones directas y las invitaciones restringidas son casos de excepción; en otras palabras, sería muy difícil que un gobierno, durante toda su administración, mantuviera puras contrataciones de excepción”, cita Arce, de Hogan Lovells. Ahonda que no está mal seguir esta práctica… sí hay una emergencia o una necesidad urgente.
Contratos a volar
La cancelación del NAIM marcó un hito en el derecho del país. Primero, porque “nadie da por terminado anticipadamente un contrato de un proyecto con casi 40% de avance, con todos los recursos y la gente que trabajaba en el proyecto; y, luego, porque, cuando se tomó la decisión de cancelar, se usó la figura de una suspensión de obra, siendo que en realidad era una terminación anticipada, adelantada y velada”, destaca Roberto Hernández García, socio director de Corporación Mexicana de Asesores en Derecho (Comad).
En este caso, este despacho de abogados asesoró a uno de los grandes prestadores de servicios del proyecto (cuyo nombre se reserva por restricciones contractuales) en el proceso de suspensión temporal del contrato, incluyendo el tema relativo a la liquidación del personal que se tenía contratado.
Comad negoció los términos de la suspensión y algunos trabajos adicionales que es necesario ejecutar antes de que la empresa eventualmente sea notificada de la terminación anticipada del contrato. Esto incluyó, entre otros temas, la definición de las liquidaciones de los empleados (lo cual sólo está contemplado en una terminación de contrato), para que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el responsable de NAIM, cubra esta afectación.
Empresas fantasma
Otro tema trascendental será el buen funcionamiento del nuevo sistema de compras consolidadas. Ahora, en lugar de utilizar Compranet, las adquisiciones estarán centralizadas en una plataforma digital de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Cuesta Campos y Asociados asesora a un proveedor del Gobierno Federal (de equipos de cómputo), el cual está en espera de que la SHCP convoque a los interesados para que den los datos técnicos de los productos, como número de serie, precio, fechas de entrega y disponibilidad.
Foto: Guillermo Granados / Notimex.
“Ahora estamos esperando que la Unidad Administrativa [de la dependencia que quiere comprar] se ponga en contacto con la Subsecretaría de Egresos [de la SHCP], básicamente, para saber si hay presupuesto para poder llevar a cabo la compra; y, si no hay, pues, obviamente no habrá licitación, ni compra”, explica Hugo Gabriel Cuesta Leaño, CEO del despacho de abogados.
“Si hay presupuesto, entonces el siguiente paso será que la Secretaría de Hacienda monte lo que esperamos ver como tienda virtual, en donde entrarán a competir los distintos proveedores”, cita.
Pero habrá que poner candados para que esta herramienta digital funcione correctamente. “Si generamos una nueva plataforma y volvemos a dejar que se registren empresas fantasmas, vamos a tener problemas”, advierte Édgar Manuel Anaya Bourgoing, socio de Anaya Abogados.
¿Y las medicinas?
En torno del sector salud hay una fuerte controversia. El gobierno federal quiere eliminar a los distribuidores de venta de medicamentos para evitar corrupción y sobrecostos, pero la realidad es que los laboratorios internacionales no están acostumbrados a participar directamente en ventas a gobierno en México, plantea Cuesta Leaño. “Entonces, va a ser todo un proceso de asimilación de las multinacionales, que llegarán a licitar directamente. Algunas van a elegir hacerlo y algunas van a dejar de surtirle al gobierno… y esto puede generar desabasto”, postula.
Por otro lado, narra que la administración federal propone que un laboratorio surta sólo una categoría específica de medicamentos, cuando anteriormente en las licitaciones, el primer lugar se llevaba 60% de la compra, el segundo 30% y el tercero 10%, lo que garantizaba que hubiera productos en los hospitales, pues todos los proveedores tenían inventario suficiente.
A este problema, Hernández García, de Comad, agrega otro muy importante, relacionado con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues no está liberando (autorizando) a tiempo los medicamentos de los proveedores, lo que está generando incumplimientos no imputables a ellos.
Comad ha tenido que defender a uno de sus clientes, que ha estado imposibilitado para cumplir con el suministro de medicamentos (vacunas) porque la aprobación está detenida en el órgano regulador, a pesar de que cuenta con acreditaciones de organismos internacionales.
Independientemente del sector, la contratación pública requiere transparencia, eficiencia y un frontal combate a la corrupción, lo cual es un reto mayúsculo para el gobierno federal, el cual deberá resolver, pero con “el motor andando”, de modo que no frene el abasto de las dependencias, ni la economía de los proveedores.
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