Las contrataciones públicas de combustible, medicamentos, químicos, mantenimiento de mobiliario, arrendamiento de vehículos, material y útiles de oficina, vigilancia, limpieza y la infraestructura de planteles educativos estarán controlados a través de la Oficialia Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a cargo de Raquel Buenrostro-.

En esta área se pretende intervenir en 80% de las compras del gobierno federal que antes se gestionaban a través de 1,500 unidades compradoras de la Administración Pública Federal (AFP), pero generar esta transformación puede llevar muchos años e incluso generar crisis de abasto como la que ocurrió la semana pasada con las medicinas en hospitales públicos.  

Esta intervención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las contrataciones públicas es un punto clave para detener actos de corrupción en el gasto público, explicó Buenrostro durante un encuentro con medios de comunicación para detallar el proceso por el cual se llevaría a cabo este cambio y luego de una semana en la que diversos informes periodísticos señalaron fallas en las adquisiciones gubernamentales sobre todo en el rubro de medicamentos.

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De acuerdo con un informe elaborado por la SHCP, 80% de los contratos del gobierno federal se llevan a cabo sin un procedimiento licitatorio, en tanto que 1.5% de los proveedores que han ganado un procedimiento obtuvieron 80% de los 997,000 millones de pesos que representa las contrataciones públicas.

El esquema centralizado de compras, aseguró Buenrostro, se basa en prácticas internacionales que integran modelos de agencia de compras en un ente público ajeno a las áreas que requieren los servicios o insumos.

Lo que nosotros queremos es que las compras públicas adquieran una nueva dimensión, es una transformación cultural. Queremos tener un sistema más abierto, más transparente, donde obtengamos mejores condiciones de precio y de calidad. Queremos además contribuir al desarrollo económico.

Estos modelos de compras consolidadas empezaron hace mucho tiempo, desde los 90 en Francia y en Inglaterra, y a medida que ha pasado el tiempo se ha perfeccionado este método o esta forma de organizarse. No es una tarea fácil, muchos países han tardado 10 y hasta 15 años en consolidar este modelo”, admitió la funcionaria que se encargará de coordinar este cambio de esquema.  

Con este proceso no sólo se evitará actos de corrupción, sino que se reducirán los precios de servicios o insumos, se disminuyen costos transaccionales, facilita la estandarización proporciona experiencia y oportunidad de especialización del personal, ofrece mayor certeza a las dependencias y entidades en los aspectos legales y proporciona experiencia y oportunidad de especialización al personal, aseguran autoridades federales.

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”Mientras más unidades compradoras haya los modelos de contrato son diferentes, por ejemplo, cuando llegamos a esta administración encontramos cualquier cantidad de contratos que hay algunos que ni siquiera tienen cláusulas para terminarlos”, explicó la Oficial Mayor de Hacienda.

Aunque la disminución de la corrupción es una meta posible de alcanzar, la integración de este sistema puede que no se consolide en el corto plazo, de hecho podría tardar hasta cinco años de acuerdo con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“La idea de consolidar compras es positiva pero hay que entender que tiene una curva de aprendizaje larga, aplaudimos que se quiera combatir corrupción pero pedimos que en áreas delicadas se tomen criterios de mucha prudencia y que también entendamos que un sistema de compras consolidado con todos sus mecanismos auxiliares de transparencia pueda llevarse varios años”, detalló el especialista.

La Oficial Mayor de Hacienda reconoció que el proceso de cambio en países que lo han adoptado como Francia, Reino Unido y Chile, han alcanzado su integración completa entre 6 y 15 años.

Además de la centralización de las compras, el gobierno de AMLO planteó seis estrategias más para disminuir la corrupción y “generar valor para el Estado” en el proceso de contrataciones públicas que consiste en fortalecer la planeación de las compras, incrementar  la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, coordinar las unidades contratantes, implementar herramientas tecnológicas, generar un marco normativo flexible e impulsar un cambio cultural.

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