Bajo el pretexto del combate a operaciones financieras ilegales, el Estado comienza a criminalizar a los ciudadanos que, bajo sus criterios, carguen consigo, guarden o gasten “demasiados” billetes y monedas. Un atentado contra la libertad y la dignidad de quienes, se supone, deberían servir.

 

En la entrega pasada dijimos que el mundo atestigua una tremenda lucha entre los partidarios de la libertad y los del sometimiento. En particular, nos referimos a uno de los frentes de esa guerra en la que los todopoderosos banqueros y sus fieles cómplices intervencionistas estatales, pretenden forzar que toda transacción financiera y crédito se realice por medio del sistema bancario. Así, estos aliados ganan por partida doble: unos, recibiendo “depósitos” de los que –gracias al sistema de reserva fraccionaria– se apropian para hacer jugosos negocios con dinero ajeno, y los otros, vigilando cuánto ganan y en qué gastan sus contribuyentes para quedarse con la mayor cantidad posible de tributo.

De manera que para dichos fines resulta fundamental limitar cada vez más el uso de medios de pago que resguardan la confidencialidad de los negociantes, muy en especial el dinero en efectivo y los metales preciosos. Bajo el pretexto del combate a operaciones financieras ilegales, el Estado comienza a criminalizar a los ciudadanos que, bajo sus criterios, carguen consigo, guarden o gasten “demasiados” billetes y monedas. Un atentado contra la libertad y la dignidad de quienes, se supone, deberían servir.

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Pruebas de que esa tendencia intervencionista global continúa con ímpetu, las hay por doquier. Suecia, por ejemplo, según reportes publicados en octubre pasado, es ya una economía en la que cuatro de cada cinco transacciones se pagan electrónicamente o con tarjeta. Se estima que los suecos podrían tener la primera sociedad “libre de efectivo –y de privacidad en movimientos financieros– hacia 2030. Por supuesto, políticos y banqueros lo ven como el modelo a seguir.

Pero de este lado del planeta, Estados Unidos y México tienen ya sus propios “avances”.

Simon Black relató hace unos meses en su portal sovereignman.com, cómo a John Anderson –un  turista californiano que circulaba por una autopista estadounidense–, tras ser inspeccionado por un oficial de policía, éste le confiscó más de 25,000 dólares en efectivo que llevaba en su auto. Cuando el agente vio el dinero, le dijo a Anderson que lo tomaría y amenazó con arrestarlo si protestaba. Un robo estatal con todas las de la ley. Anderson no tuvo de otra que dejar que se cometiera este atraco para poderse ir. Black explica que durante dos años la víctima ha tratado, de forma infructuosa, de recuperar su dinero. Anderson es sólo un afectado más por la Confiscación de Activos Civiles. Según Black, desde el 9/11 fuerzas policiales han realizado más de 62,000 confiscaciones sin siquiera imputar cargos, por un monto superior a 2,500 millones de dólares en efectivo. El costo de emprender acciones legales contra el gobierno estadounidense es tan elevado que sólo 17% de las víctimas las inicia, y de ellas, sólo 41% ha tenido éxito. Una tragedia en una tierra de supuesta libertad, que no existe más. El Estado pretende controlar y saberlo todo.

En nuestro país, la misma presunción de culpabilidad, y no de inocencia, como debería ser, se aplica para determinadas actividades consideradas como “vulnerables”. Éstas se encuentran señaladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para las actividades vulnerables hay requisitos y prohibiciones que se deben cumplir. Aquí reproducimos un cuadro ilustrativo publicado en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, sobre los umbrales vigentes de restricción al uso de efectivo y metales preciosos (continúa después de la imagen) en las siguientes operaciones:

 

Restricciones uso de efectivo

 

Por cierto, que se restrinja en la ley el pago con metales preciosos es un reconocimiento implícito  de su condición de dinero real.

Ahora, para quienes realicen actividades vulnerables, la ley aludida establece obligaciones como: darse de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificar a los clientes y usuarios –con todo y copia de su documento oficial–, presentar los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT, y custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información. Son ya un policía más.

A propósito de los Avisos, se presentan por la simple realización de la actividad en unos casos, mientras que en otros hay un umbral para tal efecto. Se sugiere consultar aquí.

Jorge García Villalobos, socio líder de Servicios de Investigación Forense de Deloitte México, aclara que no está prohibido comprar artículos suntuosos, pero que la ley establece los límites al pago con efectivo. Como quiera, con tarjeta o transferencia electrónica, las operaciones se deben reportar a la autoridad. El especialista explica que México se puso al día con los requerimientos del  Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero (GAFI) y que el mero aviso no implica en automático que la autoridad investigará al cliente; “simplemente es el procedimiento con el cual sabe qué, quién y cómo se están comprando los bienes”, señaló. Eso sí, el experto concluye que “no se debe ver a esta ley como la panacea con la que se acabará el lavado de dinero”. Tiene razón.

De hecho, como comentamos en el artículo previo, el combate a ese tipo de delitos es sólo la justificación perfecta para avanzar en el control estatal sobre la vida de las personas.

La buena nueva es que cada día son más los que abren los ojos a esta innegable realidad, que, al atentar contra la libertad, pone en riesgo no sólo a sus derechos, sino al progreso de la economía misma. Y es que el intervencionismo estatal implica, como es obvio, vulnerar a conveniencia la propiedad privada desde múltiples frentes –confiscaciones, corrupción monetaria, impuestos, etcétera–, y sin ella, el mundo de avances que conocemos, ahora correrá hacia atrás.

 

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