En los últimos años, y de alguna manera gracias a las alternancias y a las presiones de la transparencia y rendición de cuentas, como sistema político, México había dejado atrás las tomas de decisión personales de la presidencia absoluta, típicas del régimen revolucionario, para entrar en un terreno en el cual la gobernanza de las instituciones y sus reglas empezaban a prevalecer sobre aquella vieja práctica de la política nacional.

Paulatinamente, la transparencia y la rendición de cuentas abrieron espacios para que, en conjunto con la eficiencia y eficacia, dieran pie a la gobernanza adecuada. Lograr esto no ha sido fácil en un país como México debido a su eterna dependencia dictatorial y su obediente burocracia; sin embargo, con la firma de tratados internacionales, la presión de la sociedad civil y el peso de las redes sociales se ha logrado que las decisiones institucionales tengan un mayor peso en el ámbito gubernamental.

De hecho, la creación de nuevos organismos, comisiones y agencias gubernamentales con un sistema de administración más independiente, ciudadano, orientado a dar servicios y ser autosuficientes, ya funciona en México, entre otros ejemplos tenemos a Banxico, Ifetel, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, entre otros.

El vuelco que está dando nuestro sistema, primero hacia la izquierda; segundo, con una mayoría absoluta; tercero, un partido único y el estilo personal de López Obrador; nos coloca en un límite en donde pudiera existir el riesgo de eliminar los avances alcanzados en la administración pública. Además, en la práctica se corre el riesgo de volver a las decisiones personales que podrían debilitar el sistema institucional y regresar al criterio de “lo que diga usted, señor presidente”.

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Un ejemplo de lo anterior ocurrió la semana pasada: después de la instalación del Congreso, en donde los diputados de Morena crearon un desorden en su Cámara y los senadores repitieron una votación para otorgar un permiso al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se llevó a cabo una reunión del presidente electo con toda su bancada. El hecho de que el presidente electo organice una reunión con los legisladores de su bancada para corregir los problemas que se dieron en el primer día de instalación de las Cámaras, es un acto aceptable, es su partido, son sus diputados, es su mayoría, de acuerdo; pero ante los ojos de una democracia representativa no es correcto, porque entonces se manifiesta un desplazamiento del sistema institucional.

Este es un hecho que no se había visto en los últimos años y podría parecer irrelevante, es más, no existe un impedimento legal. No obstante, ante el criterio del sistema político y la sociedad crea incertidumbre en torno a si va a pesar más el criterio personal que el institucional.

En su momento, al expresidente Ernesto Zedillo se le criticó por haber impuesto el concepto de “una sana distancia” entre el presidente y su partido. Los primeros que lo criticaron fueron los miembros de su propio partido, porque se sintieron huérfanos de liderazgo, sin embargo, ese acto y otros subsecuentes dieron pie a la fortaleza de las instituciones en México durante los últimos años.

¿Qué va a pasar ahora, cuando tenemos un presidente electo que entra en todos los temas de manera personal y ordena proyectos, nombramientos y está en todos los temas?

Un ejemplo complejo de esta situación es la licencia mal otorgada al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, sobre la cual dos constitucionalistas expertos opinan que se violó la Constitución al aprobar dicho permiso, ya que el gobernador de Chiapas ostenta dos puestos de elección popular. ¿Quién va a cargar con el peso legal de esta decisión y quién con la imagen de los hechos?

 

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