Por Julián Andrade*

En enero de hace 25 años el país cambió para siempre. Arrancó la vigencia del Tratado de Libre Comercio y en Chiapas un movimiento armado le declaró la guerra al Estado mexicano.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional  (EZLN) avanzó sobre las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano.

Para el gobierno significó una de las crisis más delicadas de la historia reciente. Horas de debates en el gabinete, mientras los soldados combatían y arrinconaban a los zapatistas.

¿Qué hacer? Había dos opciones: prolongar la respuesta militar por algunas semanas para derrotar a los rebeldes o establecer un cese al fuego e iniciar un proceso de negoción.

La primera variable tenía la ventaja de establecer un control territorial absoluto. Después de todo, se estaba ante la hostilidad de un grupo ideológico radical, pero el riesgo de que se cometieran arbitrariedades, que luego significaran denuncias, inclusive a nivel internacional, resultaba muy alto.

El otro camino aceptaba que parte de las demandas de los zapatistas eran justas y que había que enfrentar la rebelión con diálogo. La desventaja era que debilitaba en el corto plazo a la propia autoridad, pero la ganancia podía ser la de establecer un compromiso que ayudara a construir la paz y a procesar una agenda histórica de los pueblos indígenas.

El presidente Carlos Salinas ordenó detener el sonido de las balas, de modo unilateral, e iniciar un arduo esfuerzo que tuvo como primera iniciativa el nombramiento de Manuel Camacho Solís, hasta entonces canciller,  como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas.

Jorge Carpizo, quien fungía como procurador general de la República, fue designado secretario de Gobernación, con dos misiones bastante concretas: garantizar el buen desarrollo de la elección presidencial y establecer las condiciones de gobernabilidad para hacer posible una vuelta a la normalidad.

Lo anterior significó un golpe de timón y demostró que las negociaciones siempre son preferibles a los conflictos y que uno de los deberes del poder ejecutivo radica en evitar dañar a la población.

El propio general Antonio Riviello, quien se desempeñaba como secretario de la Defensa, solía decir suspender los combates resultó una lección provechosa que evitó daños mayores.

Hay que recordar que el EZLN logró un impacto mediático internacional y abonó en simpatías en amplias franjas de la población. Después de todo, nadie podía negar las desigualdades y abandono en que vivían (y viven) las comunidades indígenas

Más allá de las posposiciones y del limbo en el que se encuentra la situación chiapaneca, hoy podemos recordar los 25 años del alzamiento con señales de distención y de cambio.

La más relevante, es la participación de María de Jesús Patricio como aspirante a una candidatura presidencial independiente. “Marichuy” demostró dos cosas: hizo un trabajo digno y limpio de obtención de firmas ciudadanas e insertó al zapatismo en el debate nacional pero en la lógica de la participación democrática.

Es evidente que todo esto se habría dificultado con la prolongación de la guerra aquellos primeros días de enero de hace 25 años.

*Periodista y escritor. Es autor de la Lejanía del desierto y coautor de Asesinato de un cardenal

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

La desconfianza: un valor del Buen Gobierno
Por

Los sistemas políticos avanzados tienen este valor fundamental: la desconfianza. A los sistemas que no confían en sus go...