Uno de los pilares de los gobiernos de países avanzados en el mundo, es la existencia de una administración pública profesional. Buena parte de la continuidad en el trabajo del sector público, no únicamente en la vida cotidiana, sino cuando hay cambios de autoridades, descansa en la existencia de burócratas profesionales y profesionalizados, que no trabajan para los intereses de un gobierno, sino del público en general.

En México, han sido pocos los esfuerzos por construir una administración pública que responda a intereses generales, que tenga capacidades técnicas, que sea estable y de continuidad a la responsabilidad gubernamental, y que no esté sujeta a los caprichos del grupo que administra un periodo en particular. En el caso del gobierno federal, desde Miguel de la Madrid y Vicente Fox, no se han dado otros esfuerzos de profesionalización de la administración pública, sino que, al contrario, se ha buscado minarla para hacerla presa de los intereses de quienes administran el poder en un momento determinado, lo que ha sido cierto tanto para panistas, como priistas y ahora para morenistas.

En el contexto de una sociedad mucho más especializada, el trabajo del gobierno también tiende a la misma condición, por lo que se requieren de más y mejores habilidades para poder hacer eficientes los procesos dentro de la administración pública. Eso ha implicado mecanismos de formación y capacitación de personal en varios espacios técnicos que, a pesar de las condiciones, han generado históricamente cuadros especializados para atender diversos espacios de servicio público.

En ese sentido, la administración pública no tiene una condición homogénea a pesar de que, en ocasiones, así se le asume. Por lo tanto, a pesar de que hay áreas donde la existencia de sindicatos o estructuras añejas con escasa disposición al cambio limita las capacidades de las dependencias, en otras se han desarrollado habilidades que han requerido de inversiones públicas importantes para su formación.

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Si bien uno de los problemas importantes en México es la disparidad de sueldos entre los espacios directivos y los núcleos operativos, donde los primeros han tenido prestaciones que, en varios casos, son escandalosas, como la posibilidad de jubilarse, sin el tiempo de trabajo requerido por la ley, seguros médicos, de vida, etc., mientras que los segundos no han tenido la misma posibilidad de compensación, lo que ha generado círculos viciosos.

Sin embargo, pauperizar a la administración pública es una mala apuesta para la atención eficiente de los problemas públicos. El presidente López Obrador tiene razón cuando dice que en la iniciativa privada tampoco se paga tan bien en todos los niveles, pero no la tiene cuando cree que se deben eliminar prestaciones y reducir sueldos. Eso implica no únicamente la salida de personal que busca que sus condiciones laborales no se vean afectadas, sino que al transferir a esas personas al espacio privado, se le estará dotando de recursos humanos capacitados en diversas áreas de especialidad, sin que las empresas hayan tenido que invertir en su formación, dejando en desventaja al sector público en todo tipo de asuntos que requieran de dicho conocimiento especializado.

Más allá de pauperizar a la administración pública, para equipararla a las condiciones de bajos salarios que existen en el resto de la economía, la discusión debería ser cómo hacer para que aquellas personas que reciben bajos salarios y viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, puedan salir de ellas, pasando por alto la perspectiva clientelar que permea los programas sociales, así como la idea de botín que permanece en la mente de quienes ganan elecciones, independientemente del partido que sean.

 

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