El problema más grande al que se enfrenta la economía colaborativa en México es uno y es muy complicado de solucionar: la cultura. Y la aseveración corre en todos los sentidos posibles, ya que implica desde la cultura de la corrupción, el clasismo profundamente arraigado, el machismo ciego, hasta la normalización de la violencia.

Hace unos años, yo mismo hablaba en este espacio del tremendo salto cuántico que implicaba la wikieconomía en la construcción de un modelo de negocios que rompía con prácticamente todas las fórmulas financieras de Estado y que no se basaban en los grandes capitales.

Un usuario tenía un bien subutilizado. Otro usuario necesitaba ese bien. Una plataforma cobraba un porcentaje por conectarlos y listo, todos entraban en la lógica del ganar-ganar. Por primera vez en la historia de la economía contemporánea, la tecnología proporcionaba las bases de lo que parecía un trato justo entre particulares, donde el Estado tenía apenas un papel como observador y un mínimo como regulador.

No obstante, aparecieron los primeros problemas: Uber, la plataforma insignia de este modelo, a la par de otras empresas similares, se enfrentaron a los transportistas concesionados que reclamaban competencia desleal debido a la sobrerregulación a la que estaban expuestos y que, a todas luces, no sólo implicaba una inversión más alta, sino enfrentarse a la corrupción en los diferentes niveles de gobierno.

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Al final, el Estado acabó cediendo y cobrando un porcentaje de cada viaje en Uber y similares para recabar fondos en un fondo de movilidad del que no se sabe muy bien a dónde ha ido a parar.

El problema económico puede caer en segundo término cuando empezamos a hablar de la seguridad de los usuarios, punto neurálgico en el asunto de la economía colaborativa en México.

La relación que existe entre los usuarios y la aplicación es que en realidad no hay ninguna relación, se trata de intermediarios entre particulares que ofrecen y demandan servicios y sólo eso. Por ejemplo, en el caso de Uber y aplicaciones de movilidad, no son dueños de las unidades y los choferes no son empleados de la app. Sólo la utilizan para ponerse en contacto con quienes necesitan transporte.

No hay un contrato. No hay seguridad social, no hay prestaciones laborales, vacaciones, vales de despensa; vamos, ni siquiera un salario estable. Todo está en relación con las horas que el conductor trabaje. Y ya, no hay más.

Ello ha permitido todo tipo de trampas, tanto de usuarios como de choferes, quienes jugando chueco han utilizado el modelo para obtener ventajas ilícitas o poco éticas. Es un asunto cultural: si puedo ganar más, torciendo el acuerdo, lo haré. Si yo funciono bien, ignorando los problemas, lo haré.

El problema se agrava porque la cuestión de la seguridad de los usuarios se pone en entredicho. No sólo los choferes han sufrido agresiones, asaltos e incluso han sido asesinados; particularmente las pasajeras empiezan a tener complicaciones al sufrir acoso, robos, agresiones sexuales e incluso, asesinatos. Tales son, por desgracia, los casos de Mara y Mariana, ambos en Puebla.

Los controles de seguridad en las plataformas de economía colaborativa son bastante laxos. Y por desgracia, lo estamos comprobando día con día. El asunto es que hay un cómodo deslinde de responsabilidad entre compañías y víctimas, ya que, como mencioné anteriormente, no hay una relación laboral, sólo la prestación de un servicio a través de las condiciones de la aplicación.

Lo que en un principio parecía una gran solución a los problemas cotidianos de transporte, alojamiento, comida y más a través de un estándar en el que todos salían beneficiados, se ha convertido en un problema de seguridad. Un servicio que era tan seguro dejó de serlo. Y tiene que ver con lo arraigado que tenemos prácticas desleales.

El problema no es el modelo, sino los usuarios.

 

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