Las tragedias se gestan muchos años antes de que ocurran”. Con esta frase inicia La casa junto al río, de la gran escritora Elena Garro. Esta afirmación aplica igual para la vida privada que para la pública.

Nuestro país lleva gestando por décadas una tragedia y todo apunta a su profundización.

Todos lo sabemos, porque lo hemos leído por años. En México hay decenas de miles de personas desaparecidas, ya sea por el crimen, por integrantes del Estado, o por complicidad entre ambas partes; cientos de miles de personas muertas; miles de feminicidios; tortura sistemática durante procesos judiciales, ejecuciones extrajudiciales. En nuestro país, 50% de los reos federales no tienen sentencia y hay personas que pasan hasta 16 años en prisión sin una resolución en un juicio con debido proceso; muchas de ellas, por no contar con recursos para sus defensas, otras por el desprecio e incompetencia de las autoridades. En solo 5 años, la cantidad de mujeres en prisión ha aumentado en 56% aun cuando la CDNH reconoce que su participación en la cadena delictiva es menor. 8 de cada 10 mujeres que son detenidas por la Policía, el Ejército y la Marina, sufren tortura sexual.

La negligencia, incompetencia e inoperancia del Sistema de Justicia en México, han llevado a la violación de todos los derechos humanos en el país y la negación de su esencia: la dignidad de la persona.

Con la llamada guerra contra el crimen organizado no sólo no se ha reducido el crimen (por el contrario), ni ha bajado la violencia en el país (cada año alcanza cifras históricas); en cambio, la expectativa de vida se redujo por primera vez desde la revolución. Es decir, lo que hemos perdido las y los mexicanos con esta política de seguridad, es nuestra vida. No es algo paradójico; por el contrario, es lógico.

Todo esto ha sucedido a pesar y producto de la presencia del Ejército y la Marina en las calles. Como lo ha señalado Alejandro Madrazo, el nivel de letalidad del Ejército en la “lucha” contra el crimen organizado, es mucho mayor a la de un Ejército en conflicto armado. Esto quiere decir que matan sin mediar ningún procedimiento y, probablemente, sin justificación, abusando de su presencia en el territorio. Esto es así, porque el Ejército está hecho para defender al país, no para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía bajo principios democráticos.

Llevar a la Constitución la militarización del país, es el error más grave que pueden cometer Andrés Manuel López Obrador y su partido en el Congreso. Lo es, porque no responde ni a la expectativa de transformación y de paz que sembró en los 30 millones de votantes que tanto presumen, ni a las promesas de justicia y garantías de no repetición que prometió a las víctimas, ni a las necesidades del país por el que prometió velar. Responde, a lo mucho, a los intereses, no develados públicamente, de algunos grupos con mucho poder.

Nadie niega que la situación de violencia es grave. Nadie ha pedido a López Obrador retirar a soldados del territorio de manera irresponsable. Pero sí se le exige, porque es lo que prometió en campaña, un retiro paulatino de las fuerzas armadas que serían reemplazadas por policías capacitadas en todos los órdenes de gobierno.

Un gobierno en una democracia puede tomar malas decisiones y sacar al Ejército a las calles, como lo hizo Felipe Calderón. Lo que no sabemos, porque no ha sucedido, es si un gobierno democráticamente electo es realmente capaz de regresarlos a sus cuarteles. Eso es lo que hoy está en juego en México.

En el país se sigue gestando un coctel antidemocrático muy peligroso: fiscalías sin autonomía real en todo el país, con recursos insuficientes y al servicio de políticos (as) y sus partidos; un Poder Judicial federal y local poco capaces de enfrentar las exigencias de justicia; avances muy desiguales y lentos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; una regresión en el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa; policías infiltradas y poco capacitadas, un Legislativo que sigue sin comprender su papel histórico como poder independiente y contrapeso, y un ejército cada vez más empoderado.

Con la Guardia Nacional con control militar, es decir, la militarización total de la seguridad pública, las más vulneradas y criminalizadas serán las mujeres y las personas jóvenes; las comunidades indígenas y las personas defensoras de derechos humanos se verán particularmente afectadas por su indefensión frente a estos cuerpos seguridad militar.

Un (a) Estadista, debe pensar en el largo plazo sabiendo que el futuro no le pertenece, ni lo puede controlar. Nada garantiza que en 3 años Morena seguirá teniendo una mayoría que le permita revertir la decisión de constitucionalizar una Guardia Nacional con control militar. Nada garantiza que el Ejército querrá perder el poder adquirido una vez que se le haya entregado, al amparo de nuestra máxima norma, el control del territorio. Todo esto, aún en contra de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.

La arrogancia y la ingenuidad son dos características que la política no perdona. No se le perdonarán al actual Gobierno y, quienes sufriremos las consecuencias, seremos quienes confiamos en la esperanza de un proyecto de paz para nuestro país.

 

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