A nivel mundial se calcula que tres de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia basada en género, es decir, cuya razón y forma se encuentran en el hecho de ser mujeres. En México, este número asciende a siete de cada 10 y cada día se registran siete feminicidios, según datos de la ONU.

Hace unos días se conoció el caso de un hombre que manifestó haber asesinado a 20 mujeres en el municipio de Ecatepec, entre 2012 y 2018. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año Ecatepec se ubica en el lugar 15 de los municipios con más feminicidios en México. Poco se ha destacado, por ejemplo, que Coquimatlán, Colima, es el municipio con mayor tasa de feminicidios reportada en este año (número en proporción a su población de mujeres).

A decir por los números de violencia contra las mujeres en razón de género que hay en México, este caso atrajo más la atención de los medios por tratarse de un asesino serial que por el fenómeno de la violencia contra las mujeres, pues muy pocos han indagado sobre esta situación en el país. Al hacerlo, descubrirían que en México se mata a las mujeres no porque haya un monstruo de Ecatepec, sino por el monstruo del Estado mexicano que permite, solapa y es cómplice de una incesante desaparición, asesinato, violación, tráfico, explotación y de todas las formas de violencia machista, en total impunidad. De acuerdo también con cifras del Secretariado Ejecutivo, sólo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 se registraron 3 mil 905 muertes de mujeres debido a feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo. En 2017 se denunciaron 106 mil casos de violencia familiar. Entre enero y julio del 2018 se habían reportado más de 10 mil abusos sexuales, más de 6 mil violaciones simples, más de mil 600 violaciones equiparadas, más de mil 600 denuncias de acoso sexual, más de 700 de hostigamiento sexual y 3 incestos.

En México se tienen registradas más de 8 mil 500 mujeres desaparecidas. Algunas madres y padres las buscan igual en fosas clandestinas que en bares en la frontera por temor a que estén siendo víctimas de trata de personas. Las cifras normalmente no reflejan casos de mujeres y niñas jornaleras agrícolas, víctimas ignoradas de delitos como tráfico y explotación de personas.

México es el segundo país del mundo para el turismo sexual y se encuentra en los primeros (algunos reportes lo señalan como el primero) en pornografía infantil. Estos delitos impactan desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Alrededor de 18 millones de madres en México son menores de 18 años, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y, en otros casos, por falta de acceso a métodos de prevención: una de cada dos mujeres entre 12 y 19 años que inician su vida sexual se embaraza. Cada año, más de 300 mil menores dan a luz. Según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de los 11 mil 808 bebés nacidos de niñas entre 10 y 14 años, el 96.5% fueron adolescentes de 13 y 14 años; en el 70% de casos de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tuvieron una hija o hijo, el padre tenía entre 18 y 78 años de edad. La maternidad es la cuarta causa de deserción escolar. Hasta 2015, en México se tenían registrados 75 mil menores viviendo en matrimonio, 80% de ellas eran mujeres. Esta falta de acceso a la información también constituye una forma de violencia, al impedir la elección libre y consciente de las mujeres.

De los 32 estados de la República, 24 tienen la violencia familiar como uno de los tres delitos del fuero común más recurrentes, en 13 de ellos es el número uno. A nivel nacional, la violencia familiar es el tercer delito más frecuente del fuero común. 7% de las llamadas registradas en el 911 en 2017, estuvieron relacionadas con violencia doméstica. Además, “otros casos de violencia contra la familia” e “incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar” suman otras 20 mil denuncias del fuero común.

Algunas de las recomendaciones hechas por el Comité CEDAW al Estado mexicano en julio de este año tienen que ver precisamente con los alarmantes índices de violencia en razón de género. Al respecto, llamó al Estado mexicano a reforzar su estrategia de seguridad pública para acabar con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y las niñas, y asegurar que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda.

En 2016, la cifra negra de la violencia en México era del 93%; es decir, solo 7% de los delitos se denunciaban, entre otras cosas, por falta de confianza en las autoridades. Suponiendo que sigamos en un porcentaje similar, podríamos hablar de que estas cifras representan el 10% de la realidad.

“Lo personal es político” es la consigna más representativa de las feministas en los años sesenta. Estas cifras lo confirman. La violencia de género contra las mujeres no la ocasiona un hombre convertido en monstruo en la intimidad de su hogar, culpando a su madre de su criminalidad, aunque ahí se exprese de manera contundente; se trata de una violencia machista estructural que el Estado, con su incompetencia y complicidad, con sus condiciones y normas, permite y reproduce.

Como apuntó hace unos días en la UNAM Silvia Federici, el Estado capitalista ha intervenido para explotar el cuerpo de las mujeres en todas sus dimensiones. La violencia feminicida es la mayor de sus expresiones; su ocultamiento, paradójicamente, la mayor de sus evidencias.

 

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