Una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador, giró en torno al desmantelamiento de la reforma educativa, aprobada durante el gobierno actual, misma que modificó aspectos clave de la relación entre el magisterio y el gobierno, así como de la operación de la educación en distintos niveles de gestión. Al replantearse la demanda para que la promesa se haga realidad y, ante los posicionamientos de diversos actores vinculados a la educación, se inició el proceso de consulta para ver qué tipo de modelo se propone. Sin embargo, el proceso es complicado porque existen varios actores interesados en el espacio educativo, cuya fuerza es relevante como para determinar el resultado, pero sigue sin haber un análisis profundo de lo que implica una nueva “reforma educativa”. En el contexto de la educación, existen diversos actores con intereses diversos y con voces e influencia en varias dimensiones, por lo que se convierte en un espacio de difícil interacción y, más aún, generación de acuerdos. Sin embargo, ante esa multiplicidad de actores, identificar temas que generen impacto en el sistema educativo no únicamente es complicado, sino conflictivo por lo que la autoridad educativa prefiere administrar a buscar modificar la rigidez del esquema. El problema es que no hemos generado, como sociedad, una discusión que es fundamental en la definición de cualquier intento de reforma, sino que únicamente nos hemos quedado con lo que los actores interesados buscan. Para empezar, hay consenso en el sentido de que la educación sirve y tiene impacto en la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no hemos planteado la pregunta que implica el papel de la educación para el futuro y, por lo tanto, ¿qué tipo de educación queremos y para qué? La reforma educativa de este sexenio ubicó fundamentalmente la relación con el magisterio y temas de infraestructura, como los principales aspectos a tratar, no en vano el programa de la reforma educativa, en realidad es un programa de desarrollo de infraestructura educativa. Es por ello que se le acusó de ser fundamentalmente una reforma laboral porque, en efecto, modificó la relación del magisterio con su empleador, involucrando a otros actores como intermediarios. Pero si la reforma se plantea en términos curriculares y de contenidos, entonces los actores afectados, que son quienes ya se benefician de la estructura de conocimiento actual, como maestros, editoriales, grupos técnicos, órganos de gestión, etc., se oponen porque modificar implica deshacer y rehacer lo que ya hacen, con los costos que eso implica. Entonces, la discusión sobre educación está ubicada en el contexto de los actores que participan y se benefician de ella, y no de la sociedad en su conjunto, con una perspectiva de futuro. Cuando vemos qué ocurre en el contexto internacional y cómo otros países han avanzado en diversos indicadores de manera mucho más rápida y sostenida que México, en temas que nos preocupan como competitividad, corrupción, consolidación institucional, división del trabajo, etc., podemos percatarnos que ha habido una discusión sobre qué buscan ser en el futuro. Esa discusión no es únicamente de los actores interesados, sino de la sociedad en su conjunto. Esa idea de proyecto de nación que existía en la época del discurso de la revolución se ha perdido para ser sustituida por temas específicos que dispersan la atención y los esfuerzos. Es por ello que solo en el contexto de un proyecto de futuro, es donde sabremos qué hacer no únicamente con la educación, sino con los demás temas que causan confusión social.   Contacto: Twitter: @aglopezm Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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