Las consultas públicas son una de las estrategias más socorridas por Andrés Manuel López Obrador en sus experiencias de gobierno o como dirigente político. Son cómodas porque le permiten incrementar la legitimidad pública de la decisión, al mismo tiempo que puede orientarla de acuerdo a los intereses que persigue por el contexto que se crea, le reduce el riesgo político asociado a la responsabilidad que implica una decisión en particular, al mismo tiempo que puede tener cobertura mediática, debido a la expectativa que crea por el tema o el método que se instrumenta para realizarla. Sin embargo, las consultas públicas tienen sus límites y pueden ser una fuente de riesgo para quien las usa, particularmente para decisiones que implican condiciones específicas de gobierno.

Cuando AMLO fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, utilizó a las consultas como mecanismos extralegales que le permitían evadir las condiciones de formalidad que el gobierno implica, pero también uso otras herramientas como los bandos informativos, donde asumía funciones legislativas en las que planteaba criterios de política pública que, en otros contextos, tendrían que ser realizados por otros órganos de gobierno. Sin embargo, la Ciudad de México no es el resto del país y hacer uso de mecanismos extralegales, podría generar déficits de legitimidad y riesgos de gobernabilidad, debido a las siguientes razones.

Las consultas son un mecanismo de participación democrática, que tienen diversos fines y mecanismos de realización, asociados a la forma en que un contexto democrático se desarrolla históricamente. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, las consultas públicas no estaban reguladas en la mayor parte del país y tampoco en el espacio federal. Cuando AMLO fue jefe de gobierno, las consultas seguían ciertos procedimientos en el contexto de la norma de la época, pero siempre pasaban por la autoridad constituida o la electoral, lo que quitaba margen de acción a la orientación del resultado, por lo que se utilizaron mecanismos que iban desde un sistema telefónico hasta urnas instaladas como una elección en forma.

La consulta como política pública es una mala idea pues impacta los espacios que construyen gobernabilidad y, en consecuencia, legitimidad para un gobierno. Por ello las leyes plantean qué es lo que se puede consultar y bajo qué mecanismos, pues es el blindaje que le permite efectividad en el proceso, pero también en el resultado que surge de la consulta. Por ejemplo, no es lo mismo consultar sobre el horario de verano, que consultar sobre un aeropuerto, pero resulta radicalmente distinto consultar sobre un aeropuerto en el contexto del marco legal que permite la consulta, que hacerlo bajo mecanismos extralegales que, si bien pueden aportar información para la decisión, no dejan de ser carentes de legalidad y, por lo tanto, fuente de ingobernabilidad.

Cuando las decisiones que toma el gobierno no pueden ser ejecutadas, por confrontaciones con grupos de poder, por espacios de ilegalidad, por ineficiencia, etc., entonces entramos a espacios de ingobernabilidad que impactan la legitimidad de ese gobierno. Pero también, se pueden usar mecanismos extralegales para evadir momentáneamente dicha ingobernabilidad, o para ocultar un problema de mal gobierno.

Es por ello que el abuso en la consulta a la sociedad por parte de un gobierno, sobre temas que no necesariamente deberían ser consultados o no consultar temas que, si deberían serlo, puede resultar en incapacidad para la toma de decisiones, al evadir la responsabilidad de las mismas, pero también para ocultar falta de capacidades en la instrumentación de esas decisiones.

Además, en el contexto de una decisión que es exclusiva del gobierno federal, como construir un aeropuerto, que haga eficiente no únicamente el tránsito de personas, sino de mercancías, los beneficios no son tangibles para la mayor parte de la población que no usa aeropuertos y que pueden votar en contra de su construcción, sin darse cuenta que una gran cantidad de productos que consumen, pasan por un aeropuerto, o que generaría entonces una posible crisis no únicamente en áreas de producción económica, sino de acción de gobierno por una ineficiencia generada por una mala decisión, de la que no se asume responsabilidad porque fue consultada a la ciudadanía.

 

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