Desde que arrancó la campaña presidencial hasta el pasado 8 de mayo, los candidatos independientes a la Presidencia, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, destinaron a su promoción política 12.13 millones de pesos, dinero proveniente de recursos privados, toda vez que ambos rechazaron que su carrera electoral esté financiada con recursos públicos.

De acuerdo con información pública del portal de Instituto Nacional Electoral (INE), Zavala ha registrado ingresos por 12.4 millones de pesos (mdp) y gastos por 7.07 millones; en tanto que el “Bronco” registró ingresos por 1.8 mdp y gastos por 5.05 mdp.

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El financiamiento exclusivamente privado de los candidatos independientes puede incidir en que eventualmente las propuestas de los contendientes estén vinculadas a intereses privados, consideró Camilo Saavedra profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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“Los candidatos independientes para poder hacerse de más recursos tienen que recurrir a fuentes privadas y eso a mi juicio siempre involucra el riesgo de que sean que esas fuentes privadas las puedan incidir en las propuestas y eventualmente en el comportamiento de los candidatos”, afirmó el especialista.

En México, existe un sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos, es decir, pueden recibir financiamiento público en forma de prerrogativas a través del INE, o privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Para los candidatos independientes también está reglamentado un régimen de financiamiento público y privado; este último se constituye por las aportaciones que realicen sus simpatizantes y no podrán rebasar el 10% del tope de gasto para la elección, de acuerdo con el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, el artículo 401 de esta ley apunta que las aportaciones y donaciones en efectivo no podrán ser realizadas por partidos políticos, organismos gremiales, sindicatos y corporativos, organismos internacionales, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, así como personas que vivan o trabajen en el extranjero y empresas mexicanas de carácter mercantil.

Pero en abril pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que los candidatos independientes obtengan el total de su financiamiento de recursos privados, toda vez que señaló que es inconstitucional el tope del 10% que establecía la ley electoral.

Para estas elecciones, el Consejo General del INE el tope de gastos de campaña en 42,963,332.50 pesos y el límite de aportaciones individuales de los simpatizantes se estableció en 2,148,122 pesos.

Esta normativa, desde la perspectiva de Saavedra, revela un problema en el diseño del sistema de financiamiento establecido en la reforma electoral integrada en 2014, pero que han ido subsanando las sentencias judiciales como la establecida por el TEPJF al permitir que los recursos privados prevalezcan por sobre los públicos.

“El financiamiento de los candidatos independientes revive una de las deficiencias técnicas más importantes de la reforma, no necesariamente las más evidentes, que el esquema de financiamiento público que establece para los candidatos independientes no está completamente armonizado con el tema de los topes de gasto”, señaló.

En el caso de la decisión de los candidatos para rechazar el financiamiento público es posible que únicamente se trate de una estrategia de campaña.

“En un contexto en el que no podemos negar que los partidos políticos gozan de muy poco prestigio, tratar de diferenciarse de los partidos políticos puede ser visto como redituable para los candidatos independientes”, explicó.

 

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