El Salvador es uno de los países de las 21 naciones que conforman América Latina que crece menos debido a la corrupción, así lo dio a conocer la escuela de negocios INCAE en su informe “Corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales”.

De acuerdo a la institución, aunque El Salvador no ha incrementado sus niveles de corrupción sí se ha estancado en su situación, hecho que impide el crecimiento.

En un periodo de cuatro años, de 2014 a 2017, El Salvador osciló entre el lugar 33 y 39 del índice global de transparencia, en una escala del 1 al 100. En este mismo periodo, 13 países latinoamericanos empeoraron su situación.

El estudio, que destaca que “el problema es que la corrupción causa pobreza”, sostiene que el 29% de la población latinoamericana entrevistada reportó haber pagado sobornos en algún servicio público.

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“América Latina sufre de altos niveles de corrupción y experimenta actualmente una de las peores crisis de transparencia en su historia. Solo el caso de Odebrecht ha involucrado a funcionarios públicos de alto nivel en Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela”, inicia el informe.

Todo lo contrario a lo que sucede en países que tienen un Producto Interno Bruto per cápita mayor a 40,000 dólares, los llamados países ricos, que han atacado el problema y se les puede calificar como “transparentes”.

A escala global, el informe presentado por el INCAE asegura que el costo económico de la corrupción se estima cercano al 5% del Productos Interno Bruto (PIB) mundial, algo que para la región significa aproximadamente 278,000 millones de dólares, indicó Transparencia Internacional.

“El financiamiento ilícito de las campañas electorales es parte del génesis de la corrupción a muy alto nivel. Puede generar compromisos financieros significativos que el nuevo partido de gobierno tratará de cumplir mediante concesiones para sus benefactores privados”, expresa el informe.

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Ante ello se hace imperativo la regulación y fiscalización de los partidos políticos en los procesos electorales, algo que en El Salvador todavía no es una realidad a pesar de que el Código Electoral establece que los partidos políticos deben dar a conocer a sus financistas, menciona el estudio.

Además, la corrupción disminuye la efectividad del Estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos y aumenta los costos de transacción. Tambien ahuyenta a la inversión privada, nacional y extranjera, y distorsiona los esfuerzos del talento empresarial.

El informe también dice que la corrupción está negativamente relacionada con indicadores de salud, educación, libertades personales, vivienda y seguridad personal.

“La corrupción es un ancla que impide el desarrollo integral de América Latina”, especifica.

Algunas posibles soluciones que plantea la institución es que “el marco jurídico debe regular de forma eficiente la interacción entre actores públicos y privados en general y, en particular, al menos en los ámbitos de financiamiento electoral y la gestión de compras y adquisiciones del Estado, y los trámites para obtener permisos o licencias del Estado”.

 

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