El pasado 19 de julio se cumplieron dos años de haber sido promulgada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y desde 2015 el congreso aprobó las reformas constitucionales que dieron lugar al Sistema Nacional Anticorrupción. La llamada sociedad civil organizada ha sido enfática en apuntar que estas reformas fueron el resultado del trabajo de distintas organizaciones que demandaron al gobierno de Peña Nieto y a los legisladores, emprender acciones efectivas en contra de la corrupción y la impunidad. También, han reiterado la centralidad que deben tener los ciudadanos en este modelo anticorrupción. Sin embargo, a dos años de funcionamiento no solo del Sistema Nacional Anticorrupción sino también de los Sistemas Estatales que se han ido conformando en 14 estados, los resultados de este diseño institucional parecen ser mínimos.

Las razones de tal balance son diversas, como la falta de nombramientos clave como la de los Fiscales Anticorrupción o de los magistrados de justicia administrativa e, incluso, algunos estados no han aprobado las leyes necesarias. Otros aspectos que han complicado el funcionamiento de este modelo anticorrupción tienen que ver con la lentitud con la que los gobiernos estatales otorgan recursos para que puedan funcionar los Comités de Participación Ciudadana (CPCs) y las Secretarías Técnicas encargadas de la operación del sistema. Otro obstáculo tiene que ver con las facultades que otorga la ley. Según la Ley General Anticorrupción, los CPCs, integrados por cinco ciudadanos, deben ser el vínculo de la ciudadanía con las instancias anticorrupción y deben fortalecer la coordinación entre los titulares de las instituciones con facultades de primer orden en el combate a la corrupción. Más interesante es saber lo que los CPCs no pueden hacer: no tienen facultades de investigación, de fiscalización ni de sanción; sino que únicamente pueden hacer recomendaciones no vinculantes o exhortos a ciertas instancias. Sin recursos y con facultades limitadas, los ciudadanos tienen un papel seriamente acotado en esta tarea.

Hace tan solo unas semanas, el candidato ganador de la elección presidencial dio a conocer 50 puntos para combatir la corrupción. En su mayoría, se tratan de propuestas de austeridad, lo cual es acorde con las promesas que hizo como candidato presidencial. Es revelador que, en estos 50 puntos, no se hace una sola mención del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual resulta por lo menos llamativo al ser el modelo por el que se decantó el congreso mexicano, a presión de especialistas en el tema y de algunas organizaciones de la sociedad civil.

En el tema de corrupción e impunidad, los ciudadanos quieren ver resultados concretos y contundentes, no medidas a largo plazo o políticas públicas que requieren tiempo en dar frutos. El problema y la virtud del Sistema Anticorrupción es, precisamente, que apunta a combatir e inhibir aquella corrupción sistémica, de redes, de complicidades, lo cual puede tardar mucho tiempo en ser tangible para la gente. En contraste, el futuro presidente de México ha prometido eliminar la corrupción durante su sexenio, con medidas que no hacen mención del modelo que actualmente está implementándose a nivel nacional y estatal.

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Hace pocas semanas, se suscitó una controversia en torno al nombramiento del Fiscal General, luego de que un colectivo demandó a López Obrador modificar antes el artículo 102 Constitucional. Ahora, con la publicación de los 50 puntos anticorrupción del futuro gobierno, es notoria la necesidad de diálogo entre los futuros responsables de las tareas anticorrupción del gobierno de López obrador y las propuestas que tengan los ciudadanos que integran los CPCs a nivel federal y también en los estados. Habrá que encontrar espacios de encuentro y de trabajo conjunto entre el futuro presidente y la sociedad civil.

 

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