Imposible soslayar el arduo impulso de la sociedad mexicana en la creación tanto de las leyes como de los sistemas anticorrupción a nivel federal, estatal y municipal. Es importante destacar la amplia labor coordinada entre diversas asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana, Sociedad en Movimiento, México Unido contra la Delincuencia, México SOS, Instituto Mexicano para la Competividad, Asociación Nacional de Bancos de México, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex Nacional, Coparmex Metropolitano, Canacintra, Concamin, Barra Nacional de Abogados entre otras 300 organizaciones que han marcado el rumbo al reclamo unísono de Mexicanos al Grito de ¡Ya basta!

Por ello, este colectivo sigue manifestando su liderazgo y conducción del pueblo mexicano en el combate a la descomposición de las estructuras sociales, económicas e institucionales al presentar sus últimas iniciativas. #VamosPorMás que consiste en una serie de estrategias para aprovechar las coyunturas políticas. Poner sobre la mesa, en el debate y compromiso de los candidatos a los puestos de elección popular el Plan Ciudadano Anticorrupción/Antimpunidad, el Reto#628 y de manera destacada #FiscaliaQueSirva, la cual centra en una profunda transformación constitucional que modifique la figura, los mecanismos en las funciones de la Procuraduría Federal de la República hacia una nueva Fiscalía General de la República, reconocida en el artículo 102 de la carta magna, libre de la designación y remoción del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, dicho en términos coloquiales se pretende que el presidente deje de ser el patrón y le deba la silla el responsable del Ministerio Público. Es decir, que el fiscal remplace la figura del procurador debido a un proceso de selectividad basado a la profesionalización, merito, así como por el escrutinio de la sociedad civil.

De esta manera, se identifica que los cambios de denominación en el relanzamiento de la imagen de una Procuraduría por una Fiscalía son infructíferos, o mejor dicho que no es posible el buen funcionamiento de los órganos persecutorios de los delitos de orden federal mientras exista la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

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En consecuencia, desde enero hasta junio del 2018 el colectivo anticorrupción ha organizado una intensa agenda de trabajo que ha arrancado de manera mediática el pasado 31 de enero en el Ángel de Independencia #Reforma102 a fin de manifestar ante los candidatos a presidente, senadores, diputados el marco reglamentario propuesto para que la Fiscalía federal realmente funcione y sirva de manera eficaz en la persecución de los delitos de orden federal. De manera, muy especial que se eviten los casos recientemente ocurridos de los procuradores cesados de sus funciones después de perseguir los hechos de corrupción de los exgobernadores de Quintana Roo, Veracruz, o en los supuestos de Pemex y Odebrecht.

Ante este contexto parece desalentador un escenario de remplazo de las viejas estructuras que permiten la discrecionalidad, arbitrariedad, conveniencia, a modo de los intereses ejecutados contra quienes han realizado un trabajo ejemplar en la persecución de los delitos relacionados al daño patrimonial al Estado y las finanzas públicas. Sin embargo, podemos contar en los siguientes meses con un impulso contundente de las organizaciones de la sociedad civil para recabar firmas, presentar ante el Congreso y sobre todo comprometer a los candidatos a realizar un cambio institucional adecuado a los retos del Siglo XXI.

Por lo tanto, la presente columna tiene la intención de reforzar, fortalecer, apoyar los esfuerzos de mexicanos como Alexandra Zapata, Alejandro Martí, Arturo Beteta, Carlos Gadseden, Claudio X González, Denisse Merkel, Jesús Reyes Heroles, Gustavo de Hoyos, María Elena Morera entre otras personalidades de este amplio equipo de trabajo que reúnen esfuerzos en la concientización, difusión, socialización, operación de las estrategias para lograr que el Proyecto Ciudadano de Dictamen permita un avance sustantivo en consolidar la figura de un Fiscal Ciudadano, profesional, capacitado, totalmente desligado de cualquier condición política que lo ate al favor del ejercicio,  reconocido constitucionalmente como un servidor público autónomo e independiente para combatir la corrupción en la sociedad y en el gobierno con los mecanismos persecutorios adecuados. #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva propone en última instancia que todo fiscal y representante del Ministerio Público tengan al pueblo mexicano como patrón, a la propia Patria como consigna. Esta transformación es posible y viable en el combate a la corrupción en la medida que se apoyen estos esfuerzos para generar las presiones necesarias para abrir al sistema a las legítimas demandas de la ciudadanía.

 

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