¿Imaginan a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autorregulándose, supervisándose y sancionándose, o a la Secretaría de Energía cumpliendo la función de juez y parte con esas empresas del sector público?
Pues es prácticamente lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador con la iniciativa que enviará para desaparecer los órganos autónomos que, en el sector energético implicaría borrar, de un jalón, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
No hablemos del impacto en la eliminación de empleos (alrededor de mil entre los dos organismos), sino de las consecuencias que su erradicación causaría, pero antes de eso hay que considerar que se rigen por la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
De acuerdo con esa ley, los comisionados son designados por períodos escalonados de siete años de sucesión anual, que inician el 1 de enero del año correspondiente, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual. La vacante en un cargo de Comisionado es cubierta por quien designa el Senado de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal. Con base en eso, es sencillo coincidir con el ejecutivo en que, efectivamente, los órganos no son tan autónomos como su nombre y la ley lo establecen.
La designación de los comisionados se sustentan en arreglos y negociaciones políticas, donde se toma en cuenta la experiencia y capacidad técnica, pero también se han utilizado como cotos de poder para los representantes del poder ejecutivo y legislativo.
Eso no sucede sólo con estos órganos del sector energético, la receta se aplica al resto de los organismos autónomos. Pese a ello, el razonamiento es que están cumpliendo parte de sus facultades. En el caso de la CNH, antes de su existencia, Pemex era juez y parte. Se auto evaluaba y tomaba decisiones con y sin la anuencia de la Secretaría de Energía.
No queda clara la idea del ejecutivo al eliminar dichos organismos, pero en caso de que parte de su personal se transfiera a la Sener y sea ésta la encargada de asumir las facultades, dudo que la dependencia imponga sanciones a CFE o Pemex por actos u omisiones.
Tampoco veo cómo la Sener pueda tener la estructura y capacidad para ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas. Ni por asomo existiría neutralidad para inspeccionar a quienes se consideran como sus hijos menores (Pemex y CFE).
Hasta ahora se ha tratado de cumplir con la prohibición de los monopolios y se intenta evitar la concentración de participantes en el mercado, pero con la eliminación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, esas empresas productivas del Estado tendrán manga ancha para regresar al esquema monopólico del pasado.
Al ejecutivo no le gustan los órganos autónomos porque no le gusta tener un dolor de cabeza ni una barrera a la soberanía energética que intenta tener fortaleciendo a sus empresas; tampoco le gusta entregar información porque no está interesado en la transparencia ni la rendición de cuentas.
Sin la participación de los órganos autónomos en la formulación de proyectos de iniciativas de leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas oficiales no se buscaría un equilibrio en el mercado y se privilegiaría el estatus de las empresas del sector público.
Los órganos autónomos no representan a minorías ni son enemigos de nadie. Tal vez puedan ser una piedra en el zapato para los regulados, pero son necesarios. Es más fácil destruir que construir y, en este caso, antes de pensar en una reforma administrativa para desaparecer órganos autónomos sería conveniente que se revise la manera de mejorar esos organismos que han servido de contrapeso a los abusos, omisiones y prácticas en las que incurrían o incurren empresas del sector público y privado causando distorsiones en el mercado, afectación a los usuarios y daño al patrimonio.
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