Por Dr. Jose Roberto Balmori*

Desde hace varios meses, la Presidencia del Ejecutivo en funciones ha hablado de desaparecer a los órganos autónomos de la administración federal. Justo en el día en el que se celebró el 107 aniversario de la constitución mexicana, finalmente se envió una propuesta de reforma constitucional para modificar trece artículos que rigen dichos órganos autónomos (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123).

Esta reforma pretende eliminar al Instituto Nacional de Transparencia (Inai), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); los tres, órganos constitucionales autónomos. Asimismo, se pretende quitar a los órganos reguladores coordinados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y a dos organismos descentralizados autónomos como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Todos estos órganos pasarían a diferentes secretarías como la de Economía, Educación Pública, Energía, e Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. A continuación, explico la importancia de que estos órganos permanezcan autónomos al Ejecutivo Federal para preservar su carácter técnico.

Si bien la reforma pretende adelgazar el gasto de la administración pública, es altamente probable que los costos de aprobar esta reforma sean mucho mayores a los beneficios. De entrada, los costos serían la pérdida de capital humano por despedir a técnicos especializados en materia de competencia, educación y pobreza, en aras de favorecer a burócratas más especializados en lo político.

Asimismo, la presión de estos órganos hacia el gobierno, las empresas y muchos organismos de varios sectores, cesarían y tendría un impacto en la sociedad, los mercados y, ultimadamente, en todos los mexicanos. Por otro lado, varios tratados de libre comercio como el TMEC, podrían entrar en un impasse por desaparecer dichos órganos.

En una palabra, el costo sería dejar ir contrapesos técnicos. Del lado de los beneficios, sería el ahorro de la operación y los salarios de técnicos — si es que no se contrata a ningún burócrata adicional — que equivale a poco menos del 1% del todo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La razón principal por la que creo que no es una buena idea esta reforma es que la mayoría de estos órganos han resultado funcionales para los ciudadanos. Por ejemplo, el IFT tiene en su nómina a 1,500 empleados, y ha logrado que la competencia en el sector de telecomunicaciones sea una realidad. De entrada, Telcel, el jugador más grande en telefonía celular, pasó de tener casi el 100% del mercado a 60% del total de usuarios. Mientras tanto, AT&T y Movistar han logrado crecer en consecuencia del trabajo regulatorio de la IFT. De hecho, uno puede ver cómo los precios de la telefonía celular han ido bajando dramáticamente en este mercado.

Lo mismo se puede decir de ciertos sectores donde la Cofece ha actuado de manera decisiva; por ejemplo, contra gaseras, farmacéuticas, supermercados y bancos que han manipulado el precio del gas LP, medicamentos, tortillas y bonos, respectivamente.

Por último, muchos de estos órganos han sido cruciales en atender problemas sociales como el costo de los energéticos, la calidad de la educación, y el nivel de pobreza. Desaparecerlos, significaría ceder mucho poder a un pequeño grupo de políticos que podrían manipular las cifras reales que afectan de sobremanera a nuestro México. Si el presupuesto es el tema, apostar por la tecnología y más inteligencia artificial puede ser una solución que se pueda debatir en serio. Nadie en su sano juicio se amputaría una pierna para quitarse una ampolla en el pie. Lo mismo aplica a nuestras instituciones consagradas en nuestra constitución.

Contacto:
*Dr. Jose Roberto Balmori, director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.
Twitter: @jrbalmori
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