DW.- El Ministerio de Justicia de España ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de los llamados “vientres de alquiler” que operan en este país, donde está prohibida la gestación subrogada.

A la hora de hacer esta petición, Justicia indicó ayer lunes que ha tenido en cuenta que algunas agencias que ofrecen dichos servicios “se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países”, donde cabe la posibilidad de que se vulneren los derechos de las gestantes y, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

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Ya en enero, el ejecutivo advirtió de que quienes recurrieran a esa práctica tendrían dificultades para inscribir a los bebés en España, al tratarse de algo prohibido y, un mes después, decidió retirar la instrucción enviada a los consulados españoles en los países donde es un método legal para exigir una prueba de ADN que certificara que los menores eran hijos de padre español.

Dado que la legislación española declara “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”, muchas familias acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

En España la cuestión de la gestación subrogada genera debate y, mientras desde el Gobierno socialista en funciones se asegura que se perseguirá a quienes trafican con los vientres de las mujeres y se compara ello con “la compraventa de niños”, los liberales de Ciudadanos consideran que recurrir a la gestación subrogada es “un derecho” y rechazan que se criminalice a quienes recurren a este método.

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Para ello, hay que acreditar que no se puede tener un hijo de forma natural y el futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante.

Allí, deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja, y el embrión se implanta en el útero de la gestante, que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas y firma en el contrato que rechaza a la filiación.

A través de esta práctica, que cuesta entre 100,000 y 150,000 euros por gestación, se calcula que cada año llegan a España unos mil niños procedentes de varios países donde esta práctica sí está permitida. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, la India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los lugares a los que los españoles han acudido para la gestación subrogada, prohibida en España desde 2006, aunque la legislación no sanciona la práctica.

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