A pesar de que México ha logrado avances en materia electoral, dicho sistema representa un gran costo para el país, por ello hay que revisar lo sistemas que usan otras naciones, indicó Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Luego de ser cuestionado sobre el recorte al financiamiento a los partidos políticos previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el cual pasó de 9,499,886 pesos en 2019 a 7,168, 824 para el siguiente año, el líder empresarial lamentó el alto costo del aparato electoral.

“Hemos tenido muchas regulaciones y reglamentos para tratar de procesar nuestra democracia incipiente. Qué bueno lo que hemos alcanzado, qué bueno lo que tenemos, pero qué malo que nos cueste tanto el aparato electoral”, refirió al ser entrevistado al salir de la conferencia Integridad Corporativa 500.

En las elecciones presidenciales de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó 6, 702, 973, 351 pesos a los nueve partidos políticos que participaron en la contienda, de acuerdo a lo previsto en el Proyecto de Financiamiento Público para las actividades de campaña.

El 29 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma que planea reducir al 50% las prerrogativas destinadas a los partidos políticos, sin embargo aún falta sea discutido en el Senado de la República.

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Salazar Lomelí no dió una cifra sobre cuánto deberían de recibir estos institutos políticos, ya que es algo a los empresario “no tenemos ni idea, ni somos quién en un tema que no nos compete”.

“Hay prácticas mundiales en esto (elecciones), que pueden ser de alguna manera atraídas y creo que la iniciativa de que esto sea cada vez más eficaz es la que nos debe de mover”, abundó.

El Servicio Electoral de Chile indica que para “la elección primaria, los aportes personales no podrán ser superiores al 10% del límite de gasto electoral de la respectiva comuna”, pero si “el candidato decida financiar este porcentaje en su totalidad, no será posible considerar otros tipos de aportes”.

En Colombia la ley estatutaria permite el financiamiento mixto en las campañas electorales, pero define que “ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña puede obtener créditos”, al igual que la “contribución o donación privada individual puede superar el 10% del valor fijado como tope”; entre otras.

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