La Fuerza Antisecuestro (FAS) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) posee dos drones, sin embargo, se desconoce cómo y en qué se han utilizado. La dependencia decidió clasificar esta información como de acceso restringido en modalidad de reservada por tres años, del 9 de febrero de 2021 al mismo día de 2024.
El acuerdo CT/EXT05/047/22-04-2021 del Comité de Transparencia de la FGJ indica que el revelar el modelo, marca, características y capacidades técnicas de los drones, así como sus bitácoras de vuelo y la documentación concerniente a su adquisición “podría obstaculizar las actividades de investigación y persecución del delito llevadas a cabo por el Ministerio Público”.
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A una solicitud de transparencia realizada por Forbes México la dependencia se limitó a informar que posee dos drones adjudicados a la FAS, los cuales se compraron por adjudicación directa el 27 de diciembre de 2017 a la empresa Consorcio Ad Merx S. de R.L. de C.V., por un monto de 138 mil 736 pesos. El resto de la información solicitada se clasificó como reservada.
La reserva se basó en la fracción I y III del artículos 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dicen: “como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física (…) Obstruya la prevención o persecución de los delitos”.
Forbes México informó el pasado 29 de marzo que el gobierno de la Ciudad de México tiene una flota de 30 drones, cuyo valor asciende a los 29 millones 981 mil 883.43 pesos. La Secretaría del Medio Ambiente posee cuatro; la de Seguridad Ciudadana, dos; la Policía Auxiliar dos, al igual que la FGJ, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.
El resto pertenecen a la alcaldía Miguel Hidalgo, con seis; Xochimilco, con tres; Gustavo A. Madero, con dos y Cuajimalpa, con uno. Como informó este medio, en el caso de la Policía Auxiliar, por ejemplo, los sistemas de vuelo no tripulados no han sido empleados hasta la fecha debido a que la corporación carece de personal capacitado para pilotarlos.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los equipos se compraron a unas semanas de que concluyera la administración anterior e iniciaría la actual. Además, se adquirieron a 6.6 millones de pesos cada uno, cuando de acuerdo con proveedores consultados, por muy caros los equipos costarían unos 200 mil pesos.
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También como reveló Forbes México, la empresa que vendió los equipos a la SSC, llamada Grupo Leobe, fue acusada de abuso de confianza por Marco Romero, un proveedor de drones y entrenador de pilotaje de este tipo de equipos, ya que personal de la empresa, fundada en 2009 en Sonora, le rentó un dron para exhibirlo a la Policía capitalina, mismo que ya no le fue devuelto.
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