La pandemia por la COVID-19 disparó el matrimonio infantil y adolescente en América Latina y el Caribe. Se espera que durante esta década, más de 110 millones de niñas menores a 18 años contraigan matrimonio de manera involuntaria.

Esta cifra se enmarca como el mayor número de matrimonios infantiles en 25 años. Hacia el 2022, se estima que 4 millones de niñas podrían casarse.

La violencia exacerbada por el deterioro económico que se agrava debido a la pandemia, duplicó el matrimonio a temprana edad en Latinoamérica y el Caribe, que ya se posicionaban en el segundo lugar en la tasa de embarazo adolescente a nivel mundial, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA).

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Como consecuencia del matrimonio a temprana edad, la desinformación y los abusos sexuales, cada año, 1.5 millones de adolescentes en Latinoamérica y el Caribe dan a luz. La UNFPA estima que podrían registrarse hasta 400,000 y 500,000 embarazos más para este año.

World Vision recomienda a las naciones sin legislación para prohibir el matrimonio infantil y aprobar las reformas correspondientes, asimismo, afirma que ayudaría crear servicios y apoyos económicos para prevenir y responder a esta violencia contra la niñez.

En México, durante el 2019 se prohibió por ley el matrimonio infantil, el resultado fue, de acuerdo con INMUJERES, mientras el 23.6% de las mujeres nacidas entre 1964 y 1968 se casaron antes de los 18 años, para las que nacieron entre 1994 y 1999 disminuyó al 20.5%.

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En los países más pobres casi el 40% de las niñas se casan, representando el doble del promedio global.

Para Dana Buzducea, líder global de incidencia, “la niñez es sagrada, cada una de las niñas que son forzadas a casarse representa una tragedia de largo efecto y alcance: pupitres vacíos en las aulas, niñas tratadas como mercancías y la pérdida del potencial económico y social de cada una”.

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