La industria del cáñamo se encuentra en un momento crucial con la próxima Ley Agrícola de 2024 en Estados Unidos, sucediendo a la Ley de Mejora Agrícola de 2018 que marcó la legalización del cáñamo a nivel federal.
Aunque la nueva legislación no cumplió con su plazo original a finales de 2023, las treinta y tres organizaciones sin fines de lucro, que abarcan todos los aspectos de la cadena de suministro, han establecido siete objetivos clave para garantizar un marco legal que propicie el crecimiento y la sostenibilidad de la industria del cáñamo.
La unidad destacada dentro de la industria, representada por estas organizaciones, no solo envía un mensaje poderoso al Congreso estadounidense, sino que también tiene implicaciones significativas para México. La colaboración entre Estados Unidos y México en la regulación del cáñamo podría generar beneficios transfronterizos, impulsando el desarrollo económico y la sostenibilidad en ambas naciones.
En un comunicado de prensa conjunto, estas organizaciones proponen siete áreas clave que, según ellas, son esenciales para el desarrollo y la orientación regulatoria en la industria del cáñamo. Estos objetivos incluyen la regulación del CBD y otros ingredientes derivados del cáñamo, la solución a la escasez de laboratorios de pruebas, la reducción de requisitos regulatorios para los agricultores, la autorización del grano de cáñamo para alimentación animal, el mantenimiento de la definición actual de “cáñamo” y la promoción de la justicia, la equidad y la sostenibilidad ambiental.
En un contexto mexicano, la regulación del cáñamo se vuelve aún más crucial. La próxima Ley Agrícola en Estados Unidos puede servir como un modelo a seguir para México, proporcionando una guía valiosa sobre cómo abordar las oportunidades y desafíos que presenta la industria del cáñamo, así como complementar el anteproyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo, con el cual ya contamos y donde no se incluye el cáñamo. La colaboración entre las dos naciones no solo fomentaría el intercambio de conocimientos, sino que también podría facilitar un desarrollo conjunto de políticas que impulsen el crecimiento económico en ambos lados de la frontera.
Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es la solicitud de regular el CBD y otros ingredientes derivados del cáñamo según los marcos existentes para suplementos dietéticos y aditivos alimentarios, como se describe en HR 1629 y S. 2451. Además, se busca abordar la escasez de laboratorios de pruebas permitiendo que el Departamento de Agricultura de EU (USDA) y los laboratorios acreditados por ISO 17025 prueben productos de cáñamo, como se detalla en la propuesta adjunta.
Otro punto crucial se centra en la reducción de los requisitos regulatorios para los agricultores de granos y fibras de cáñamo, ya sea a través de HR 3755 o S. 980, o mediante un enfoque adecuado según se describe en la propuesta correspondiente.
Asimismo, la inclusión del grano de cáñamo para alimentación animal, el mantenimiento de la definición actual de “cáñamo”, y la promoción de la justicia, la equidad y el respeto al medio ambiente, a través de derogar la prohibición de los delincuentes en HR 1428, apoyar la investigación del cáñamo en instituciones que atienden a minorías y mejorar las oportunidades climáticas mediante programas de créditos de carbono, demuestran la amplitud y la profundidad de los objetivos compartidos por estas organizaciones.
La industria del cáñamo ha experimentado un crecimiento extraordinario en Estados Unidos, generando 79 mil millones de dólares en actividad económica el año pasado, según investigaciones de la industria. Este éxito no debería pasar desapercibido en México, donde la regulación del cáñamo puede abrir nuevas oportunidades económicas y contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, no podemos ignorar las tensiones entre la industria del cáñamo y la cannabis psicoactiva (marihuana). Algunos operadores de cannabis psicoactiva culpan a los productos cannabinoides derivados del cáñamo por la disminución de las ventas minoristas de cannabis psicoactiva. Es hora de superar estas tensiones y trabajar en colaboración para aprovechar las oportunidades que ofrece la convergencia de estas dos industrias.
El problema de la industria de la cannabis psicoactiva no es el cáñamo, sino la sobrerregulación, los impuestos excesivos, los requisitos operativos complicados y la falta de una estructura regulatoria federal cohesiva. Es crucial comprender que los cannabinoides como el CBD, delta-8 y delta-9 son legales a nivel federal según la Ley de Mejora Agrícola de 2018, y los estados han impuesto regulaciones estrictas para garantizar su control.
Las empresas de cannabis psicoactiva y cáñamo comparten más similitudes que diferencias. Ambas utilizan muchos de los mismos cannabinoides, como el CBD, el CBN y el CBG. La colaboración entre estas dos industrias puede ser beneficiosa, especialmente cuando se trata de desarrollar productos innovadores con bajo contenido de THC en mercados donde la cannabis psicoactiva recreativa aún no está permitida.
Es el momento de mirar hacia adelante y trabajar juntos para promover los beneficios sociales y económicos del cannabis para todos. Con la Ley Agrícola extendida hasta 2024, los sectores del cáñamo y la cannabis psicoactiva tienen la oportunidad de unir fuerzas, superar obstáculos y allanar el camino hacia un futuro más próspero y sostenible para ambas industrias. La colaboración entre estas dos esferas no solo fortalecerá la posición del cáñamo y la cannabis psicoactiva en el mercado, sino que también contribuirá al crecimiento económico y al bienestar social a nivel nacional, extendiendo sus beneficios potenciales a México y más allá.
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