A medida que los debates sobre el aborto se están intensificando en Estados Unidos una vez más, con una prohibición casi total del aborto vigente en Texas desde septiembre y las audiencias de la Corte Suprema que tienen al caso Roe vs. Wade en juego, vale la pena prestar atención a las duras luchas por aborto en otras partes del mundo.
El fallo del viernes pasado que permite a Arizona aplicar una prohibición a casi todos los abortos tendrá consecuencias “catastróficas, peligrosas e inaceptables” para las mujeres, si se permite que siga en pie, dijo el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, cada 28 de septiembre, miles de mujeres de distintos países salen a exigir su derecho a un aborto seguro y gratuito. Sin embargo, en regiones donde dicha práctica está despenalizada, el acceso sigue representando una barrera económica para mujeres que no cuentan con recursos.
En el país, realizar un aborto en una consulta médica particular tiene un costo a partir de los 3,000 pesos. En Latinoamérica, una parte de las mujeres que no disponen de dinero recurren al aborto tradicional, que supone un gran peligro para su salud y la vida.
Cientos de personas pertenecientes a organizaciones civiles y feministas se manifiestan para exigir el acceso al aborto legal y seguro en Lima (Perú). Foto: EFE/Paolo Aguilar
El Salvador
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones en el embarazo que dan lugar a abortos espontáneos, son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias, y son acusadas de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
La prohibición del aborto en Arizona y Texas, la penalización en El Salvador y distintas partes del mundo, así como las pocas garantías de un acceso seguro y gratuito en países donde la práctica es legal, obligaría a mujeres supervivientes de violaciones, incesto, con embarazos de alto riesgo o quienes no desean convertirse en madres a recurrir a prácticas que pongan en riesgo su vida, mientras que los proveedores de atención sanitaria se enfrentarían a penas de prisión por cumplir con su deber de atención.
