Representantes de organismos nacionales e internacionales enfocados en derechos humanos, académicos e investigadores en materia jurídica y titulares de grupos civiles especializados en seguridad, advirtieron que la creación de la Guardia Nacional representa la militarización de las tareas de seguridad en el país.

Como parte de las audiencias públicas organizadas en la Cámara de Diputados para analizar las reformas a la constitución para la creación de este cuerpo de seguridad, los especialistas también señalaron que se trata de una respuesta incompleta a la crisis de seguridad en el país y representa el incumplimiento del gobierno federal a los convenios internacionales a los que se ha integrado en materia de derechos humanos y preservación de la seguridad.

«No podemos depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares. La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles», afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsperson nacional apuntó que con la aprobación del dictamen, el gobierno mexicano estaría desconociendo e incumpliendo sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos.

«En todo caso, como paso previo a su aprobación, el Estado Mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos», apuntó González Pérez.

Los asistentes a la mesa de diálogo coincidieron que la participación de las fuerzas armadas deben de ser debe de manera excepcional y temporal, además de subordinada y complementaria a las labores de la policía civil.

Sin embargo, el dictamen que pretende discutirse y aprobarse el 16 y 17 de enero a través de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión no atiende estos parámetros además de que no brinda garantías para la no repetición de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas cometidas en el pasado, apuntó Jan Jarab, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El representante de la ONU recordó que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas seguridad la violencia del país se disparó, por lo que está no representa la forma idónea para atender el problema de seguridad.

Entre los motivos concretos de preocupación esta que la Guardia Nacional estaría adscrita al ramo de la Defensa Nacional por un plazo mínimo de cinco años, lo que trastoca la línea de mando civil desde su concepción.

Asimismo, apuntó que es preocupante la modificación del artículo 21 constitucional para establecer que este grupo tendrá competencia para investigar delitos.

Pedro Salazar Huarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM enfatizó que la Guardia Nacional sí representa la militarización del país, además de que pretende integrar las líneas de acción que encerraba la Ley de Seguridad Interior, misma que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mayoría de los ponentes coincidieron en la preocupación de que las audiencias públicas sean una simulación toda vez que que de manera paralela a los procesos del Congreso el gobierna federal haya anunciado un proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional, además de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para su implementación operativa.

 

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