La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso realizó cambios al proyecto del presupuesto general de Guatemala de 2019, donde reduce en 153 millones de dólares (mdd) el presupuesto para los organismos anticorrupción, los cuáles le correspondían 8,436 mdd.

Una de las instituciones de Guatemala que se opuso a esta modificación fue el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el cual cuestionó los cambios impulsados por la Comisión y por brindar mayor número de recursos al ejército.

El reajuste disminuye 10% la carga tributaria estimada en 2019, lo que refleja, según el ICEFI, “incapacidad de las autoridades para elevar la principal fuente de financiamiento del gasto público”, así como nada aceptable las prioridades del presupuesto.

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“Al Ministerio de la Defensa se le incrementaron 42.78 mdd al presupuesto de 306.85 mdd propuesto por el Ejecutivo y recortó severamente los presupuestos de otras entidades de impacto directo en la población, como el Ministerio Público (MP), el cual sufrirá una disminución de 30.84 mdd”, abogó ICEFI.

Algunos organismos que se vieron afectados fueron el Organismo Judicial (OJ) a quien le recortaron 6,11 mdd y lo dejó en 161.68 mdd; ministerios de Gobernación Interior y de Educación cayeron 25.20 y 20.06 mdd, respectivamente.

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El Instituto encontró anomalías en el dictámen de la Comisión de Finanzas como desacato de la eliminación en el incremento injustificado para la creación del programa Servicios de Apoyo a los Programas Sociales al cual se le inyectaron 12.93 mdd.

También se aplicó un alza por 6.46 mdd al presupuesto recomendado por el Ejecutivo a Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social, el cual es considerado vulnerable a la corrupción.

La Comisión asignó 36,22 mdd para el financiamiento para plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos con una asignación, que ha sido calificada de “vulnerable a abusos y corrupción, especialmente en el año electoral”.

El Icefi consideró como “positivo” que se haya incrementado en 1.94 mdd el presupuesto recomendado por el Ejecutivo para el Programa de Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

 

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