Detrás de cada marisco y taco de pescado que se consume en México, existe una familia de aproximadamente ocho pescadores que se levantan a las cinco de la mañana todos los días para recibir la bendición de algún familiar, con la esperanza de que ésta sea suficiente para que regresen a casa sanos y salvos, tras una jornada laboral de entre 13 y 16 horas bajo el sol, con comida para la mesa y, con suerte, más de 50 pesos en el bolsillo.
Así lo relata en conferencia de prensa José Luis Carrillo, tesorero del Consejo de Administración de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), y miembro de la iniciativa social Impacto Colectivo por la Pesca Mexicana (ICPMX), para pedirle a la próxima administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que se trabaje para garantizar la sustentabilidad de los mares mexicanos y procurar mejores condiciones laborales para los pescadores del país.
Esta iniciativa, que agrupa a pescadores, empresarios, comunidades pesqueras y organizaciones de la sociedad civil, entregó al equipo de transición del virtual presidente electo, López Obrador, un documento con nueve acciones y propuestas para asegurar la sustentabilidad de la pesca en México en sus primeros 100 días en el cargo, y aún esperan una respuesta para una posible reunión.
Dicho documento exige la elaboración de un reglamento sobre la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, mayor participación social de los pescadores en la toma de decisiones, mejores servicios y nivel de vida para las comunidades pesqueras, mejor regulación de la actividad pesquera y transparencia absoluta de los incentivos y subsidios destinados a la pesca y acuacultura mexicanas.
“Estamos aquí para pedirle al gobierno electo que se sume a esta visión”, señaló la pescadora y representante de la Cooperativa de Mujeres del Golfo, Claudia Talamantes, e insistió que este asunto debe pasar de la ‘polarización’ y ‘antagonismo’ entre sectores, a la alineación de esfuerzos.
Pero sobre todo, dichas acciones exigen que el próximo gobierno de México se comprometa a vigilar y combatir la pesca ilegal en las costas y apoyar, con investigación y estudios, la preservación de la salud y prosperidad de las especies marinas para comunidades pesqueras más prósperas, una economía más competitiva en las costas y océanos más saludables.
“El talón de Aquiles de la pesca es la vigilancia. Nosotros también dependemos del bienestar de los mares para sobrevivir”, aseguró Carrillo, quien pertenece a la octava generación de pescadores en su familia y que quiere que su hijo “también tenga peces en el mar para comer”.
De acuerdo a cifras recientes de Ocean Unite, la pesca ilegal es un reto a combatir que le cuesta al planeta 23,500 millones de dólares en productos pesqueros al año. Mientras en México, esta práctica representa más del 40% de la pesca en el país, según la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca).
En cuanto a esto, los miembros de la iniciativa agregaron que aunque ya existe una pena para los pescadores ilegales de langosta, abulón y pepino de mar, siempre hallan el modo de infringir en esta acción delictiva que ‘sataniza’ a todos los pescadores por igual ante la sociedad civil y organizaciones ambientales.
Por su parte, la coordinadora de Comunicación y Vinculación de la Environmental Defense Fund (EDF), Gabriela Zazueta, aseguró que las decisiones de la siguiente administración con respecto a esta actividad primaria deben conformar una visión integral que suponga un equilibrio entre el bienestar ambiental y social.
“No es un proceso sencillo, la pesca es una cadena muy compleja que no puede abordarse desde una perspectiva aislada, sea éste ecológica, ambiental, económica o social”, aseguró Zazueta.
La iniciativa está abierta a colaborar con otros sectores y personajes que han opinado al respecto, como el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pachianno y el director general de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Humberto Becerra Batista, con el objetivo de proteger la biodiversidad y demostrar que hay una gran diferencia entre las personas que se dedican a vender especies marinas en el mercado negro, y quienes lo hacen para el autoconsumo.
“La pesca debe ser un asunto de seguridad nacional porque es un tema de llevar alimento a la mesa todos los días. Es necesario que se valore esa parte humana”, destacó el integrante de la Conmecoop.
