Por: Luis A. Hernández Arámburo

La implosión de la plataforma FTX ha impresionado a la opinión pública por el monto involucrado y la velocidad de su colapso. En cuestión de días la empresa pasó de valer USD$ 32 miles de millones a declararse en bancarrota. Quizá también por la lección que dejan las fallas de su fundador, Sam Bankaman-Fried, quien, motu proprio, lo ha perdido todo. En este salvaje oeste ya se reclama la presencia de los guardianes del orden, autoridades regulatorias para proteger a pequeños inversionistas y evitar un contagio financiero. Me imagino a las autoridades alzando los hombros y argumentando que el tema de las jurisdicciones imponía limitaciones a sus atribuciones, que poco se podría hacer. Sin embargo, hay varios cargos de omisión o vacíos que vale la pena destacar.

Primero, hay un vacío conceptual. Un artículo publicado por Agustín Carstens, titulado “El Dinero en la Era Digital: el papel los bancos centrales” al frente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), señalaba que la alta volatilidad de las criptomonedas impide que sean un substituto viable del dinero (fiat). ¿Cómo podríamos confiar en un medio de intercambio cuyo precio presenta volatilidades astronómicas?. Francamente, esta postura me pareció muy preocupante viniendo del principal representante de los bancos centrales. El problema de que un activo tenga gran aceptación es que genera endógenamente un proceso de crédito. Alguien deposita una criptomoneda en una institución y, ante la falta de supervisión, nada previene que ésta, le preste ese activo a alguien más, y así sucesivamente. Es el conocido proceso del multiplicador monetario. O en su versión más moderna, alguien va a una institución y pide un préstamo de margen. FTX llegó a ofrecer préstamos de hasta 100 veces el valor de un criptoactivo. En esta situación de incontrolada expansión no es difícil imaginar el caso en que un evento arroja incertidumbre sobre la solvencia de estos prestamistas y se dispara una corrida financiera. En el caso de FTX  en cuatro días retiraron USD$ 430.0 millones. La llamada de alerta de las autoridades tendría que haber sido en este sentido, explicando como la falta de supervisión recrudece los problemas de asimetría de información y propicia un ciclo de inestabilidad y no puramente enfatizando el tema de la volatilidad. El verdadero peligro de las criptomonedas es que no existe un prestamista de última instancia para detener las ventas de pánico. Los casos de FTX y Binance también ilustran por qué este prestamista debe ser una institución pública. Hay incentivos para que una empresa privada prefiera que sus competidores caigan en bancarrota en lugar de entrar al rescate. Binance anunció inicialmente su propósito de adquirir FTX, pero día y medio después retiró su oferta  propinando el golpe mortal. 

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Las autoridades deben supervisar estas emisiones para evitar fraudes. Un  punto que el presidente de la Comisión de Valores de EE.UU., Gary Gensler, ha señalado reiteradamente.

Este vacío conceptual no solo pasó por alto los riesgos de la poca regulación de las criptomonedas, sino que ha desencadenado una agenda en otra dirección. Los esfuerzos regulatorios se enfocan más en los problemas de estabilidad de los medios de pago y, por lo tanto, en las CBDC (Central Bank Digital Currencies), que en los posibles impactos de la inestabilidad financiera. Ex post, resulta claro que estos problemas han resultado mucho más apremiantes. Con todas las corridas que se han observado en los cryptomercados como Voyager, Celsius, Terra-Luna, Three Arrows, FTX y expandiéndose a Genesis y Gemini tal vez no sorprenda que el Premio Nobel de esta año ha sido otorgado precisamente a Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por su trabajo en esta área.

En segundo lugar, la Ley Fintech publicada en 2018 fue un importante referente y otorga a Banco de México un papel primordial en la supervisión de criptoactivos. No obstante después de ese impulso inicial se ha observado un progreso muy lento. Nuevamente, en estos casos habrá quien se congratule de no contar con una regulación que permita su funcionamiento en México. Sin embargo, también podría argumentarse lo contrario: la falta de regulación ha impulsado estas actividades a los márgenes en jurisdicciones poco reguladas. Bitso, la principal plataforma de criptoactivos en México tiene su licencia en Gibraltar. Como lo resume el consejo editorial de Bloomberg: FTX operaba: “en un vacío regulatorio sin ninguno de los requerimientos de  gobernanza de capital, liquidez, segregación de fondos, ciberseguridad o conflictos de interés que los intermediarios tradicionales deben satisfacer” lo que dejó sin protección a los consumidores. En el caso de FTX se estima que tiene más de un millón de acreedores. 

Por último, hay quien considera que la burbuja de los criptoactivos está llegando a su fin, por lo que no será necesario establecer un marco regulatorio. Sin embargo, las fuerzas que han empujado el desarrollo de este mercado siguen muy presente y las autoridades hacen muy poco por explicar al público los riesgos de nuevos intermediarios. 

Finalmente, cabe recordar que las autoridades regulatorias tienen recursos financieros y humanos menores que sus contrapartes privadas. Si queremos contar con una mejor regulación que no esquive o postergue importantes decisiones para el sector financiero del país, resulta indispensable fortalecerlas. 

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Contacto:

Luis A. Hernández Arámburo, Profesor de EGADE Business School y CFO de Flastone Capital Markets.

El autor es Docente de economía en la UNAM, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía (Posgrado, UNAM).

 

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