El Senado de Jamaica aprobó la importante Ley de Sociedades, que permitirá a la isla cumplir finalmente con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El proyecto de ley, que fue pasado sin modificaciones, aborda tres de las cuatro medidas pendientes acordadas en el plan de acción de Jamaica con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según informó este lunes el Ministerio de Exteriores.
La ministra de Exteriores y Comercio Exterior, Kamina Johnson Smith, explicó que el país estaba en “peligro inminente” de ser incluido en la lista negra del GAFI.
“Este es un estado que afectaría seriamente nuestra capacidad para hacer negocios. No solo al Gobierno, sino a las empresas y las personas, porque lo que haría es cambiar el nivel de riesgo que los países y las empresas fuera de Jamaica ven al hacer negocios con Jamaica y los jamaicanos”, detalló.
La titular de Exteriores indicó que los sistemas de Jamaica “no son lo suficientemente sólidos en términos de su prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
También señaló que la Ley atenderá la calificación actual del país en relación con la recomendación 24, que trata sobre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas.
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Jamaica aprueba legislación para luchar contra el lavado de dinero
Johnson Smith agregó que, aunque se realizaron enmiendas en 2017, “se evaluó que no fueron lo suficientemente lejos” porque no todas las personas jurídicas estaban obligadas a mantener información actualizada y precisa sobre directores, accionistas y beneficiarios reales.
Otras deficiencias eran que no existía una supervisión activa de las autoridades para garantizar que la información básica sobre el beneficiario real estuviera actualizada ni disposiciones apropiadas para aplicar sanciones efectivas.
La medida busca garantizar que las disposiciones de la Ley de Sociedades se ajusten a las normas del GAFI relacionadas con la titularidad real de las empresas y facultar al Registrador de Empresas con supervisión reglamentaria para verificar la información.
También permite el intercambio mutuo de información entre el registrador y las autoridades competentes y establece sanciones efectivas y proporcionadas para disuadir el incumplimiento.
Antes de en el Senado, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 28 de marzo.
Con información de EFE.
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