“Juanitas” es el nombre que se le ha dado a las legisladoras que han renunciado a un cargo de elección popular para dar espacio a sus suplentes o a otros hombres miembros de su partido, la semana pasada fuimos testigos de este fenómeno ocurrido en más de 50 posiciones que deberían ser ocupadas por mujeres en el estado de Chiapas, a ellas se les ha llamado “Manuelitas” haciendo una clara alusión al gobernador, senador con licencia del estado, Manuel Velasco Coello.

La historia de las “Juanitas” no es nueva, recordemos el término se acuñó después de que Rafael Acosta “Juanito” renunciara a su cargo como jefe delegacional de Iztapalapa para dejar a su lugar a Clara Brugada, en aquel entonces, septiembre 2009, varias mujeres solicitaron también licencia a su cargo en el Congreso Federal para dar espacio a sus suplentes, fueron 12 en total, lo que dañó gravemente la paridad de género, violentó la decisión de los electores y puso por primera vez en evidencia lo fácil que es darle la vuelta a las disposiciones legales.

A casi 10 años de esas primeras “Juanitas”, se repite la historia ahora en el estado de Chiapas en donde se han denunciado que al menos 43 diputados locales y regidoras en varios municipios de Chiapas y varias legisladoras plurinominales fueron presionadas a renunciar y dejarle su lugar a un hombre. Sin embargo, la historia hoy no es la misma, hay una diferencia importante y hay que aplaudirla, en esta ocasión la autoridad electoral aprobó un punto de acuerdo para que se redistribuyan y reasignen los espacios políticos para mujeres.

Hay que reconocer el esmero de la autoridad federal electoral para atraer el caso y promover una solución con perspectiva de género, queda pendiente definir cómo será la investigación para sancionar a los responsables de las amenazas y coerciones, pues violentando la ley, violentan también políticamente a las mujeres.

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Ante esta situación es necesario preguntarnos si las sanciones deben ser dirigidas solamente hacia las autoridades de los partidos políticos o a las personas que obligan a las mujeres a separarse de sus cargos, hay una parte de la responsabilidad que nos corresponde, si es que hay mujeres que voluntariamente colaboraron en estos hechos, para seguir abriendo camino a la participación política de las mujeres es necesario  asumir y respetar dignamente la ley y los espacios que se han abierto para nuestra participación.

Me pregunto qué pasaría si existiera también una sanción para aquellas mujeres que presten su nombre en favor de un hombre para que sea él y no ellas quien ocupe un espacio en cualquiera de los órganos de gobierno. Si las acciones a favor de las mujeres son infringidas por las mismas mujeres, el camino de la equidad se antoja largo y difícil.

 

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