El recorte al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras establecido por el gobierno federal tendrá un impacto en la economía de las familias que reciben este apoyo pero con especial enfoque a las madres y las mujeres que se emplean en estos espacios.

México es el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje de mujeres que se encargan del cuidado de sus hijos, hasta 70% de ellas, según Regina Tamés, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

“El Banco mundial dice que esta mala distribución del cuidado de los hijos tiene consecuencias que impulsan la segregación y brechas en los ingresos entre hombres y mujeres, hay un problema de desigualdad una vez que se accede a los empleos, hay paga diferenciada y eso no es un problema aparte al tema de los cuidados todo está interrelacionado”, señaló la activista social.

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En ese sentido, la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno a la disminución de recursos del programa que apoyaba con 900 pesos a madres trabajadoras y padres solos de niños entre cero y tres años impacta sobre todo a mujeres.

Tamés incluso calificó el actuar del gobierno como una política con visión machista y patriarcal.

De acuerdo con la investigación Children And Gender Inequality Evidence From Denmark del National Bureau of Economic Research (NBER) publicada en enero de 2018, los ingresos de las mujeres declinan hasta 20% después de que 4 tienen un hijo. Sin embargo, las ganancias de los hombres que decidieron tener hijos continuaron sin una alteración marcada.

El estudio The Motherhood Wage Gap: What about job amenities? analiza la brecha salarial entre las mujeres que tienen hijos y las que no los tienen. En ese sentido señala que las mujeres con hijos que permanecen con el empleador con el que estaban antes de tener a su primer hijo reducen sus ingresos hasta 9.3% respecto a las mujeres que no tienen hijos; en tanto que las mujeres que cambian de empleo después de tener un hijo reducen sus ingresos hasta 24.3%.

En los países latinoamericanos existen pocas investigaciones acerca de la “penalización por maternidad”. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone en evidencia que en los mercados laborales latinoamericanos los padres tienen mayores tasas de integración a empleos o educación que los hombres sin hijos, un efecto que es totalmente contrario en las mujeres.

De acuerdo con datos de la OCDE, 44.9% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas frente al 78.5% de los hombres. Esta tasa de empleo femenino es la más baja de los países de la OCDE sólo después de Turquía con una tasa de participación de 28.7% y Grecia con 41.7%.

Los empleados, en su mayoría mujeres, de las estancias infantiles también resentirán el impacto económico de este recorte al programa de estancias infantiles, toda vez que sin estos apoyos está en riesgo la continuidad de la operación de estos espacios.

“Los centros han tenido que implementar medidas de mitigación entre los que destacan despido de personal, turnar horarios del personal o hacer pagos incompletos solicitar despensas a padres y madres de familia, hay que recordar que muchos de estos centros entregan cuatro alimentos diarios, reducir servicios centralmente en la alimentación. Es decir,  generar un mayor deterioro en la atención de los niños y niñas”, apuntó María Josefina Menéndez, directora general de Save the Children.

Por ejemplo, en una de las 50 estancias a las que apoya  Save The Children y que estaban integrados al programa de estancias infantiles que administraba la Secretaría de Desarrollo Social, se calculó que hay un costo promedio de 30,000 pesos mensuales en costear los alimentos de los 101 infantes a los que atienden.

Además se destinan 29,000 pesos en la renta de espacio y por gastos de operación y el cumplimiento de disposiciones de protección civil.

“En este centro asisten 101 niños y cuentan con 12 educadoras para cubrir con la norma de 8 niños por cada maestra. Así como una cocinera tal como es requerido por las instancias infantiles, las educadoras reciben 1500 pesos quincenales, 3,000 pesos al mes. Con el subsidio era apenas posible cubrir los costos de operación de una estancia de base comunitaria por lo que dejar de percibirlos o una disminución en la matricula pone en severo riesgo su continuidad, al desaparición o reducción de servicios impacta los derechos de niños y mujeres”.

 

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