“México: la desaparición de 43 estudiantes provoca una crisis nacional”, sentenció con quirúrgica precisión Le Monde hace unos días.

 

 

El país vive un regreso forzoso a la agenda mediática de seguridad. La estrategia de comunicación oficial –que podría sintetizarse en no reproducir información vinculada a hechos violentos– se ha visto rebasada por la realidad. El terreno ganado en el plano internacional con la aprobación de reformas económicas, para algunos real, para otros mero optimismo local, se ha perdido en cuestión de semanas. El “México bronco” nos hizo volver al espacio habitual en la prensa internacional: violencia, poderes fácticos y fragilidad institucional.

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La costumbre del caos

La opinión pública nacional se ha blindado de forma peligrosa ante la gravedad de los hechos. El que policías municipales trabajen para organizaciones criminales, que estudiantes puedan ser asesinados por instrucción de un funcionario, que partidos estén infiltrados por narcopolíticos, que normalistas inconformes secuestren autobuses y sean escoltados por patrullas, que quemen edificios públicos en presencia de la fuerza pública, nos parece grave, pero no escandaloso. Esa inmunidad colectiva al desastre nos impide dar cuenta de una verdad económica: el crecimiento, la inversión productiva, la generación de empleos, la movilidad social, el combate eficaz de la pobreza, el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, la solidez de las finanzas públicas, el desarrollo de infraestructura, entre muchas otras aristas, están limitadas por la ausencia de normas que la autoridad haga cumplir. En otras palabras, porque en México el Estado de derecho es el mayor lastre de la economía.

Guerrero, y antes Michoacán, son los ejemplos extremos de la debilidad institucional. Sin embargo, en todos los sectores de la economía el común denominador es el quebranto sistemático de las reglas. Lo sabe el microempresario que da una “mordida” para obtener un permiso, o el que no denuncia un robo a su negocio por miedo a que la policía se lleve lo que los ladrones dejaron. Lo viven los constructores que pagan por trabajar, porque el costo de mantener parada la maquinaria es mayor que la exorbitante cantidad que solicite el funcionario corruptor en turno. Lo entienden los restauranteros que pagan derecho de piso y los productores agrícolas, quienes sufragan la intermediación del crimen organizado. Lo tienen muy claro los productores y vendedores de vehículos, que no producen y venden más, porque en la frontera se rentan amparos que permiten la entrada de chatarra de Estados Unidos. Lo sienten los periodistas, que hacen de la autocensura un mecanismo de supervivencia; los maestros, que deben pagar por un ascenso, y los empresarios, que gastan en seguridad privada lo que podrían reinvertir en su negocio. Ésa es nuestra realidad aceptada: la de la economía que deja ir una quinta parte del PIB en el oscuro vacío de la ilegalidad.

 

Dos países superpuestos

Será un error estratégico pretender que el “México de las reformas” –potencia exportadora, líder continental en ciernes, mercado abierto y finanzas públicas en orden– se superponga al país sin leyes. Intentarlo equivaldría a tratar de engañar al público con una escenografía fastuosa, mientras arde la tramoya.

Preocupa que, desde el poder, el mensaje sea de indignación y consternación. Ese sentimiento debería estar reservado a la sociedad, para que quienes la representan cargaran con la responsabilidad y el apremio del castigo. Minimizar la crisis, evadirla, es perder tiempo para resolverla.

Hacer valer la Ley es hoy tan importante como el momentum transformador del que tanto nos gusta hablar fuera de México. De hecho, es la única alternativa para implementar las reformas económicas y que éstas cumplan las expectativas generadas. Tapar el sol con un dedo, vender modernidad en medio del salvajismo, da igual.

“México: la desaparición de 43 estudiantes provoca una crisis nacional”, dice la nota de Le Monde. ¡Ojalá nos demos por enterados!

 

 

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