Bolsas de basura se acumulan en las banquetas que rodean a la Cámara de Diputados, los desechos que se han generado desde hace 10 días cuando organizaciones de campesinos instalaron un plantón en el perímetro del Palacio de San Lázaro empiezan a formar montañas de plástico y residuos de comida que los manifestantes parecen ignorar, pese a que éstas atraen a diversos tipos de insectos y animales. 

Los integrantes y lideres del Movimiento Antorchista Nacional, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el Frente Auténtico del Campo (FAC) y otras organizaciones llegaron en camiones que permanecen estacionados en esta zona desde el pasado 11 de noviembre. A partir de ese día carpas y casas de campaña se instalaron una seguida de la otra con el fin de resguardar a los manifestantes y obstaculizar la entrada de los trabajadores y diputados al recinto legislativo. 

Exigen la entrega de aproximadamente 30,000 millones de pesos para “apoyar al campo mexicano e impulsar obras públicas en los municipios que representan”. En el caso del Movimiento Antorchista Nacional, también conocido como Antorcha Campesina, solicitan que se lleven a cabo 1,577 obras públicas cuyo costo asciende a 3,800 millones de pesos. 

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Pero en ningún caso, buscan “moches” o dinero para los dirigentes de los organismos, como señala Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el diputado priista Brasil Acosta Peña, quien también es dirigente de Antorcha Campesina en el Estado de México. 

“No queremos ni un peso, pedimos una serie de obras públicas que le dimos a conocer a Mario Delgado enlistadas para las 32 entidades del país, lo que le hemos dicho a Delgado es que tienen que garantizar que las van a hacer. Nos llama mucho la atención que por una cantidad (de dinero) como esa dejen afuera a la gente, si ellos nos resuelven la demanda, que las dependencias aseguren que van a dar mañana levantamos el plantón”, señaló el diputado en entrevista con Forbes México. 

Sin embargo, no son pocos los señalamientos en contra de este organismo “campesino” que se adhirió al PRI en 1988 para “buscar el respaldo de una organización legal y plenamente reconocida que nos sirviera de apoyo”. 

“Yo soy de Chimalhuacán y ahí todo mundo sabe que estos son unos caciques que controlan el gobierno municipal, muchos de los que están aquí son trabajadores que vienen a fuerzas, tienen gasolineras, tiendas, ellos deciden que negocios se pueden poner ahí. Agarraron más poder cuando estuvo Peña Nieto en el poder”, dice a Forbes México una habitante de ese municipio que pide conservar su identidad. 

Diversos medios de comunicación han reportado que Antorcha Campesina cuenta con una red de contratos, concesiones y permisos en franquicias de gasolineras y líneas de transporte en el Estado de México, información que corrobora el propio Acosta Peña a Forbes México. 

“Desde que el movimiento Antorchista inició, desde los años ochentas formamos una base financiera a través de negocios propios (…) iniciamos nuestra gestión a través de una gasera y luego otra y otra, tenemos una variedad de negocios cuyas ganancias son para mantener el movimiento”. 

Además, la misma gente pone (dinero) de su parte para mantener el movimiento, afirma el dirigente campesino cuando se le cuestiona en torno a cómo se sostienen la movilización y los plantones en los que participan miles de personas. 

Piden “resistir”  

A través de un megáfono uno de los “líderes” de estos campamentos pide a sus compañeros que resistan el frio de la madrugada y el sol que cae por la tarde para seguir presionando a los legisladores federales y que finalmente cedan a repartir los “recursos que le pertenecen al campo”. 

En efecto, las condiciones en las que conviven niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres en las carpas y casas de campaña que se instalaron en las avenidas Congreso de la Unión, Eduardo Molina, Emiliano Zapata y Sidar y Rovirosa, son inclementes; pero están soportadas por una logística enfocada en mantener la vida y actividades de los campesinos en en plantón. 

Cada carpa tienen una función: en algunas duermen los manifestantes, otras están ubicadas frente a los templetes en los que los lideres dan discursos en torno a la lucha campesina, en otras se forman largas filas para poder obtener un plato de la comida que se prepara ahí mismo con anafres y grandes ollas. Para cumplir con las necesidades físicas de los aquí presentes hay  sanitarios portátiles. 

Además, todo el campamento esta cubierto por grandes lonas impresas a color con fotografías, el nombre de las organizaciones y las consignas, en algunas se puede leer: “El gobierno de AMLO olvidó su lema ‘Primero los Pobres’ exigimos PEF 2020”. 

Los diputados no ceden 

Mientras los lideres de las organizaciones advierten que resistirán hasta que sus demandas se cumplan, los líderes de la Cámara de Diputados afirman que agotarán el diálogo con estos grupos, pero insisten en que los recursos que antes se les destinaba “se acabaron”. 

“El gobierno está aguantando para que se le acabe el dinero a los líderes, a la mayoría de los que van les pagan unos 200 pesos por día y toda la logística que despliegan entre carpa, baños, hasta los tinacos que hay en las calles para que haya agua tienen un costo y no van a resistir”, advierte un integrante del FAC que pide no revelar su nombre. 

Mientras transcurre este juego de vencidas, el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 continua aplazándose. 

La constitución establece como plazo límite el 15 de noviembre para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero los integrantes de la Cámara de Diputados han pospuesto este proceso hasta el próximo viernes en “un lugar por definir”, de acuerdo con un boletín emitido por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

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