Una de las fases que comprende el proceso electoral en turno es el de intercampañas, que se refiere al periodo comprendido entre las precampañas y las campañas electorales y que tiene por objeto crear un espacio de reflexión para que los militantes de los partidos puedan resolver cualquier tipo de diferencia, duda o impugnación que tengan respecto de las elecciones.

Así, durante este periodo los actores políticos y las autoridades tienen ciertas restricciones respecto de los mensajes y las plataformas que pueden utilizar en su comunicación oficial. En términos muy concretos, pueden informar sobre sus actividades, pero no invitar a votar, todo ello con la intención de crear un clima de equidad para todos los involucrados en el proceso electoral.

Los partidos políticos pueden hacer propaganda política, pero no electoral. Se entiende como propaganda política todas las acciones de comunicación que tengan por objeto mostrar la ideología, principios o valores de una institución, ya sea para generar, transformar o confirmar las opiniones de los ciudadanos o invitarlos a participar en un proyecto político.

La propaganda electoral se refiere a la promoción de los candidatos, la invitación a votar por un partido o coalición o enviar mensajes sobre los programas específicos de las precandidaturas; por ejemplo, si un candidato prometió quitar tal o cual impuesto, su partido o él mismo no podrá mencionarlo públicamente en medios.

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En cuanto a los medios de comunicación, las restricciones son un tanto más laxas, puesto que sí pueden hacer piezas noticiosas sobre los actores políticos o realizar críticas u opiniones al respecto, siempre y cuando no inviten a votar por tal o cual proyecto.

En la cuestión digital hay algunas consideraciones, por ejemplo, las páginas de los partidos, redes sociales y blogs de instituciones, funcionarios y demás involucrados se atienen a las reglas que plantea el INE.

Sin embargo, el punto es sobre lo que sucede con las páginas no oficiales o de medios o personas que, si bien no pertenecen a ningún partido o institución, en su comunicación violan tácitamente las disposiciones que el INE ha marcado.

Digitalmente, existen muchas acciones que se mantienen al margen de las disposiciones legales y que, evidentemente, tratan de crear opinión pública basándose en la ausencia de legislación al respecto, más allá del derecho a la libertad de expresión que está garantizada constitucionalmente para todos los habitantes de este país.

Por ejemplo, los sitios de noticias, particularmente aquellos que son creados de forma temporal ya sea para difundir rumores, noticias falsas o apoyo a un proyecto político y que desaparecen al corto tiempo de ser creados.

Las tendencias artificiales creadas en las redes sociales son otra forma de evadir dichas restricciones, ya que no se trata de la opinión pública hablando de un tema en particular, sino de una serie de estrategias que incluyen bots, influenciadores y cuentas falsas cuya interacción logra colocar en la opinión pública digital un tema, aunque nadie hubiera hablado al respecto.

Los influenciadores son un tema muy complicado, puesto que están al margen entre el libre ejercicio de la expresión y opinión pública y la propaganda político-electoral de una manera muy velada. Si bien todas las personas pueden el derecho a expresar sus opiniones, resulta muy complicado distinguir cuando éstas son patrocinadas por algún actor político y financiadas con dinero público.

Y por supuesto, la pauta digital, que, al ser de autoservicio en prácticamente todas las plataformas, se puede invertir de forma anónima para colocar en un segmento de la población un contenido que apoye o desvirtúe a instituciones, partidos o candidatos.

La comunicación política y electoral es fundamental para conocer los proyectos de instituciones y partidos para que los ciudadanos podamos ejercer el derecho al voto informado. Sin embargo, legislar al respecto es una cuestión más que complicada, puesto que la naturaleza de los medios digitales ha transformado el concepto de público y privado. He ahí un gran reto, puesto que se debe crear un marco legal que evite conductas al margen de la ley en espacios digitales, pero que proteja la libertad de expresión de los individuos.

 

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