Hace unos días, Estados Unidos acusó a Rusia de intervenir en las campañas presidenciales de México con el objetivo de crear polarización y, por ende, inestabilidad en el país. El asesor de Seguridad Nacional en Estados Unidos, Herbert R. McMaster, aseguró en una conferencia para la Jamestown Foundation, que tienen indicios de la intromisión rusa en las elecciones, aunque no dio más detalles, ni dijo de qué forma estaba interveniendo.

El hecho no es menor, puesto que existe una polémica actual sobre la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, en donde supuestamente inclinaron las tendencias digitales a favor del actual Presidente Trump, con prácticas como las Fake News, que si bien hasta el momento no son delito, tampoco son éticas.

En ese mismo contexto, Emmanuel Macron, ha impulsado una ley que va contra los sitios de noticias falsas, con el firme propósito de hacer transparentes las elecciones y proteger a los ciudadanos respecto de la información que reciben para que puedan elegir correctamente.

Dicha ley, en esencia, lo que busca es evidenciar el financiamiento que reciben los sitios web, obligándolos a decir quien está invirtiendo en qué, de dónde vienen los fondos y qué cantidad de contenido desplegado es pagado.

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El esfuerzo es necesario para garantizar una sociedad abierta y democrática, sobre todo cuando se avecinan procesos electorales. No obstante, en un informe presentado en noviembre del 2017, Freedom House reportaba que la mayor parte de los esfuerzos por ocultar o distorsionar la información, provienen de los propios Gobiernos de los países, tales como China, Siria o Cuba.

En México, a mediados de diciembre hubo una modificación al Código Civil Federal que aunque  aún no entra en efecto, trata de atacar tales conductas. Se trata de la reforma al Art. 1916, que habla sobre el daño moral que se puede causar a una persona cuando se le imputen hechos falsos o calumniosos.

El párrafo reformado quedó así: “el que comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.”

EL problema con la reforma al Código es, como en todas las leyes, su interpretación y jurisprudencia. En teoría, se trata de evitar el ciberacoso y proteger la vida privada y el honor de las personas, lo cual es bastante apreciable. Incluso, en el proyecto del dictamen se esclarece que criticar un asunto de relevancia pública no puede ser un delito, ni hablar del desempeño de servidores públicos o personas físicas o morales, como tampoco lo es la información privada siempre y cuando tenga una conexión patente con el interés público.

Sin embargo, el problema es la interpretación, ya que en pos de la defensa de la privacidad o la salvaguarda del honor, podrían detonarse mecanismos que limiten desde la opinión en redes sociales, hasta la publicación de memes, cuya función editorial es bien conocida por las nuevas generaciones.

Quizá la respuesta al combate de las fake news, se encuentre en la propuesta que hizo Macron, aunque tendría que adaptarse y ampliarse al contexto nacional.

Así, por ejemplo, no sólo las plataformas tendrían que decir qué, quién y cuánto está pagando por promover contenidos digitales, sino que además, tendrían que avisar mediante un pool de palabras clave, quien está invirtiendo, cuándo, qué contenidos y qué cantidad se está pautando. De esta manera, se podría tener una mejor fiscalización de recursos y un monitoreo mucho más preciso de campañas negras y fake news.

La legislación de las campañas electorales en medios digitales tendría que dirigirse siempre a las plataformas, no a los individuos, puesto que limitar el flujo de contenidos que construyen la opinión pública digital, implica una fuerte posibilidad de censura.

 

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