La postulación de John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación que elegirá a los candidatos a ocupar cuatro vacantes en el Consejeros Generales del Instituto Nacional Electoral (INE) sería ilegal porque el académico forma parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

Para elegir a los cuatro nuevos consejeros electorales que tomarán posesión el próximo 4 de abril, se creará un comité conformado por siete personas: tres designados por la Cámara de Diputados, dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la convocatoria correspondiente.

Tras un anuncio que se enmarañó ayer, la CNDH terminó por postular a Ackerman y Sara Lovera López.

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No importa que Ackerman sea esposo de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ni que sea activo promotor del gobierno y partido en turno, sino que es integrante del consejo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, lo cual contraviene la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, explicó Nicolás Loza Otero, experto en procesos electorales.

La convocatoria de la Cámara de Diputados indica que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación deberán ser personas que no hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos en los últimos cuatro años previos.

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Convocatoria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para la selección del Comité Técnico de Evaluación.

Según el portal web del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Ackerman es parte de su Consejo como responsable de escuelas en el exterior.

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Consejo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Foto: Captura de pantalla.

El artículo 72 del capítulo 90 del estatuto de Morena, indica que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena está “dirigido por un Consejo interno y un presidente que coordinará sus actividades y funcionará bajo los lineamientos que se establezcan”.

Tribunal decidiría

Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), confía en que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, con la facultad que tiene, revise la postulación de Ackerman.

En caso de que los diputados avalen la designación, está la opción de que algún actor del proceso, como alguno de los postulantes a ser consejero electoral, sea quien interponga un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), abundó el académico.

El riesgo, agregó, serían las posibles represalias contra el aspirante durante el proceso de selección.

“Puede ser que no se interponga ese juicio, aunque esperaría que se haga, alguien que sepa que tiene pocas probabilidades de quedarse y que sea su contribución al proceso”, refirió.

Sin embargo, sería decisión del TEPJF declarar que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al que pertenece Ackerman, es un órgano de dirección de dicho partido político, lo cual invalidaría su perfil.

En su defensa, Ackerman reiteró que no existe ningún impedimento legal para formar parte del comité técnico, ya que su participación en el Instituto de Formación de Morena es estrictamente académica y no cuenta con nombramiento alguno.

Por el contrario, acusó que otros integrantes del grupo de evaluación han sido altos funcionarios en gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como trabajadores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), aunque eso le parece “sano y respetable”.

“Lo único que evidencia la oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar las voces discrepantes. Perdón señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella”, sentenció en su cuenta de Twitter.

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¿Y los otros integrantes del comité?

Diego Valadés Ríos es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 3; además que fue procurador general de la República durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, así como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Silvia Giorguli Saucedo es presidenta del Colegio de México, cuenta con un doctorado en sociología por la Universidad de Brown, miembro del SNI nivel 2, además que es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias; de igual manera tiene una estancia de investigación Centro de Estudios Avanzados en ciencias de la conducta en la Universidad de Stanford.

Blanca Heredia Rubio es doctora en ciencia política por la Universidad de Columbia y secretaria académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha sido vicerrectora de la Universidad Americana en París, así como representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México para América Latina.

Ana Laura Magaloni Kerpel es doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada de Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), fue candidata para ministra de la SCJN, además que pertenece al SNI nivel 2.

José Roldán Xopa cuenta con dos doctorados en derecho, uno por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y otro por la UNAM; también es profesor de derecho económico por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y es integrante del SNI nivel 2.

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