La imagen de un auto atrapado en un hoyo inundado en la avenida Reforma es la imagen que pinta de una pieza a la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. La obra de la línea 7 del Metrobús está parada y cuesta dos millones de pesos al día el retraso. La orden de detenerla la dio un juez, ante la demanda de un grupo de activistas que demostraron que el INAH no concedió, aparentemente porque no se solicitaron, los permisos respectivos. El récord del gobierno de Mancera, doctor en Derecho, en perder juicios que tienen que ver con políticas públicas capitalinas es impresionante, ha perdido todos.

Lo mismo se declaró ilegal el sistema para determinar la posibilidad de circular de un auto de acuerdo a su antigüedad, que la obligatoriedad del transporte público para las escuelas privadas de mayor tamaño. O se inició una obra de manera negligente, sin autorizaciones, o no se defendió la obra de manera adecuada por la vía judicial.

Si se analiza la Cuenta Pública 2016 y los informes trimestrales del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra que los retrasos se registraron desde hace tiempo y que la planeación fue inadecuada. Para la línea 7 del Metrobús se tenían originalmente programados solamente 69 millones de pesos en el presupuesto de 2016, estos de ampliaron a 336 mdp durante ese año, pero solamente se ejercieron 219 mdp. Es decir, se registró un subejercicio de cerca del 40%.

Para 2017 se programaron 569 mdp, pero hasta el último informe trimestral se habían ejercido solamente 193 millones. Eso significa que en caso de que la obra se detenga de manera definitiva ya se gastaron más de 400 mdp, parte de los cuales corresponden al llamado fondo de capitalidad, por lo que se trata de recursos federales que pueden y deben de ser fiscalizados tanto por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

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La obra generó protestas vecinales que llevarían a que se recortara el trazo original, por lo que el servicio no se ofrecerá hasta la Avenida Constituyentes. Falló la planeación y la consulta vecinal, que debería ser previa a la construcción de un proyecto. Lo anterior definitivamente reduce los beneficios sociales del proyecto, ya que ese tipo de transporte está planeado para trayectos largos. Como las estaciones terminarán en la Glorieta de Petróleos, pues los microbuses continuarán circulando por el resto de Reforma.

Al parecer, el tipo de autobuses, de doble piso, que circularán por la Línea 7 serán distintos a los del resto del sistema, por lo que no será posible utilizarlo en las otras rutas. Es decir, ahora una persona puede tomar un Metrobús en Vallejo y terminar, sin cambiar de autobús, en la estación de otra ruta, por decir algo, El Caminero, eso no será el caso en Reforma. Surge entonces la duda fundada de si la decisión de construir un Metrobús en Reforma fue por hacer una obra en una zona visible, en lugar de privilegiar otras rutas, más necesarias, pero en lugares menos céntricos, como la del Eje 3 Oriente o el Eje 10 sur.

No queda claro tampoco si no era mejor idea simplemente poner en marcha en esa ruta un sistema de autobuses articulados, similares a los de las grandes avenidas de las ciudades de Estados Unidos, sin construir estaciones que pongan en riesgo el valor arquitectónico de Reforma.

En el quinto año de gobierno de Mancera la grande obra no ha concluido y algunas no se terminarán en esta administración. El distribuidor vial de Mixcoac estaba programado para ser concluido hace dos años y, con suerte, terminará en este. Como tampoco se tenía diálogo con los vecinos, pues la obra también fue detenida varias semanas. La ampliación de la Línea 12 no será terminada este año, ni el que entra, y no se ha solventado la observación de la Auditoría Superior de la Federación de que la empresa a la que se adjudicó el proyecto no es la que presentó la oferta más económica. Desde el año 2014 el gobierno de la Ciudad cuenta con recursos para dicha ampliación, que no inició hasta el año pasado.

En todos los casos de retraso y suspensión de obras el gobierno de Mancera no asume la responsabilidad de sus actos. Siempre se dice que se trata un interés político (como si nunca existieran) que están detrás de los cuestionamientos de su gobierno, pero nunca se ofrece un diagnóstico, una política alterna o una rectificación. El incremento de la inseguridad es culpa del nuevo sistema penal acusatorio, las contingencias ambientales se deben a lo que no hicieron los gobiernos anteriores, el caos de la Línea 7 se debe a sus oponentes políticos. Se dice que se le ataca por afectar sus aspiraciones presidenciales, cuando su eventual candidatura carece de toda viabilidad y no despierta entusiasmo alguno.

Mientras tanto, Mancera se fotografía y tuitea lo mismo en Chicago que, en Jalapa, en Cuernavaca o en Los Ángeles con el rarísimo propósito de promover un programa de salud en el que los médicos visitan en su casa a los pacientes. Se filtra en los medios que dejará su cargo antes de término, lo que despierta la esperanza de que pronto el auto salga de la trampa que el gobierno construyó con recursos públicos en pleno Reforma.

 

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