Hace ya más de tres años propuse descriminalizar de manera parcial el consumo de mariguana en la Ciudad de México. La propuesta, que presenté con la entonces diputada a la ALDF y después constituyente Estela Damián, fue asesorada por el profesor Alejandro Madrazo y buscaba que se utilizara el principio en la oportunidad de la persecución del delito, para que quienes portaran una cantidad de 28 gramos (una onza) no fueran llevados al ministerio público.

Mientras que el consumo de mariguana no está penalizado en México como tal, en realidad los consumidores son encarcelados debido a que, la sola posesión por encima de los cinco gramos es un delito penal. La iniciativa buscaba que, en caso de aprobarse y fuera controvertida, no fuera declarada inconstitucional por la corte. La facultad de regular sustancias como la marihuana es federal, pero el narcomenudeo es estatal y ahí se puede determinar que la posesión, dentro cierto margen, como sucede en otros países, no se persiga.

La iniciativa no progresó, en buena medida porque no la impulsó el Jefe de Gobierno, que en general duda a la hora de empujar los temas progresistas. El discurso del entonces GDF cambió al de apoyar la mariguana medicinal. Sin embargo, el uso medicinal del cannabis si es un tema prohibido por la legislación federal. Lo que urge, en todo caso, es aprobar en la Cámara de Diputados la minuta del Senado que tímidamente permitiría usos medicinales de derivados de la planta y eventualmente modificarla para permitir, por ejemplo, la inhalación de la propia planta con fines terapéuticos.

La Constitución de la Ciudad de México establece que se permitirá el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados, de acuerdo a la Constitución Federal. El senador Pablo scudero, presidente de la mesa directiva del Senado señaló que van a impugnar la constitución capitalina en el tema mariguana. Se trata de una controversia por demás trivial, pero que refleja la carencia y la urgencia de la legislación federal en materia de cannabis medicinal. La constitución de la ciudad en realidad tuvo que haber hecho referencia a la descriminalización por la vía de la oportunidad en la persecución del delito y al referirse al tema medicinal se expuso a la inconstitucionalidad.

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La verdad es que el uso medicinal de la mariguana tiene una aceptación mayor al 70% entre la población y es una oportunidad real para atenuar e incluso curar ciertos padecimientos. La evidencia es amplia y se ha suministrado a millones de pacientes en Canadá y en Estados Unidos. La propuesta a discusión en la Cámara de Diputados se limita a productos médicos derivados y procesados que solo atacan ciertos padecimientos, pero en principio será posible la producción nacional y el cultivo para ese fin. El camino es todavía muy largo para que en México se aprovechen los atributos del cannabis en favor de la salud de las personas.

La iniciativa que dictaminó el Senado y que ahora tenemos que discutir los diputados es la que envió el presidente Peña semanas después de que acudió a la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidos sobre Drogas, aunque disminuida. El discurso de Peña en la ONU y el de una parte de las agencias del gobierno mexicano ha dejado de ser en extremo prohibicionista en el tema de drogas, por otro lado, se señala los efectos negativos en la población de la guerra contra las drogas y la necesidad de enfoques que reduzcan los riesgos y los daños de la población consumidora, en lugar de criminalizar a los consumidores.

Sin embargo, esto todavía no se manifiesta ni en la legislación, ni en las políticas públicas. En realidad, la parte principal de la propuesta del presidente era la de incrementar la cantidad tolerada para la posesión de mariguana de 5 a 28 gramos. La famosa onza que se utiliza como indicador de posesión de un consumidor en varias naciones.

El PRI y, de manera muy especial, la Secretaría de Salud y la Conadic (Consejo Nacional Contra las Adicciones), trabajaron de manera activa para modificar la iniciativa presidencial. El tema de avanzar en la descriminalización fue eliminado y solamente quedó la posibilidad de importar y eventualmente producir derivados de cannabis con fines médicos. Se perdió lo más importante, que miles de personas no sean enviadas al ministerio público solamente por poseer cannabis.

En México hemos avanzado en el debate con respecto a la mariguana y en general en el de la necesidad de cuestionar el prohibicionismo y pedir una nueva política de drogas. Sabemos que lo importante no es reducir la producción y el tráfico a cualquier costo, sino reducir los costos que la sociedad enfrenta debido a que las drogas, independientemente de cómo las clasifiquemos, generan a la sociedad.

De la mariguana reconocemos usos médicos y sabemos que su uso implica riesgos incluso similares a drogas legales, por lo que es posible su regulación de acuerdo a modelos que ya se experimentan en otras partes del mundo. Lo que todavía falta son políticas y cambios legales concretos.

Esto ha sido muy difícil debido a los prejuicios y a que normalmente no tomamos decisiones de política pública basados en evidencia. Por eso es importante aprobar cuanto antes la limitada reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados para permitir el uso de ciertos derivados de la mariguana con fines médicos. Será la primera ocasión en que se dé un cambio en el paradigma en materia de drogas, en favor de enfoques más razonables y que se refleje en nuestras leyes. Pero sin dejar de reconocer que la tarea por desmantelar la sólida y entroncada red que soporta el prohibicionismo como idea, está solamente por iniciar.

 

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