¿Por qué el gobierno no usa la fuerza pública para garantizar el derecho de la mayoría a transitar? Aquí algunas de las razones.

 

Impotencia y coraje sentimos todos cada vez que nos topamos directa o indirectamente con manifestaciones que obstruyen nuestro camino, que nos hacen perder tiempo y dinero, mientras la autoridad se ve rebasada o inactiva. Reclamamos, todos, una intervención rápida y contundente contra estas personas que por defender un derecho transgreden el de los demás.

Todas esas manifestaciones exigen “respuesta a sus demandas”, porque según ellos son justas y legítimas, pero cuando uno las revisa, se da cuenta de una cantidad de absurdos difíciles de creer, como el pago de días no existentes a maestros oaxaqueños (los meses que se negocian en un contrato colectivo son de 31 días, pero qué pasa cuando un mes tiene 30 o 28 días. Simple: se pagan para que se ajuste a 31).

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Uno trata de entender la actitud pasiva de los gobiernos e inmediatamente me remiten al “síndrome del 68”, a la matanza de los jóvenes en la plaza de las tres culturas por parte de una estructura (¿civil?, ¿militar?) del gobierno, y las consecuencias que eso tuvo para la vida política y democrática de México. Han pasado muchos años desde entonces, el país ha cambiado y la situación es distinta.

Pero ¿qué es lo que detiene a una autoridad hacer uso de su prerrogativa de la fuerza pública para garantizar el derecho de todos?. Tratando de entender y poniéndome en los zapatos de la autoridad, creo que tienen muchas razones para no actuar por esa vía.

 

1)      No existe un apoyo social real para una intervención de fuerza. Somos muchos los que exigimos poner un alto al caos en la ciudad, pero cuando está se da se entra a otra etapa: la de los riesgos. El riesgo de muerte. Si hay muertos, la gente cambia de opinión: se dirá que no fue un operativo limpio, que se tenía que cuidar las formas o que se llegó demasiado lejos. Y entonces, la opinión pública empieza a cuestionar la eficacia de la policía, en donde se exige que intervenga pero, al mismo tiempo, cuestiona los excesos.

Al respecto, quiero hacer una acotación. Debemos distinguir entre la opinión pública frente a la opinión publicada a la hora de hablar de este tema. Me sorprende un poco cómo cada vez es mayor el divorcio entre estos dos frentes. El periódico Reforma publica desde hace varios años una misma encuesta entre una muestra del público general y un selecto número de los llamados líderes de opinión. Los resultados son cada vez más distantes: opinan en sentido contrario y eso demuestra la gran división de los mexicanos. Lo mismo se puede decir de la visión dispar entre los mexicanos del sur y los del norte. En otra palabras, y sin pretender descubrir el hilo negro, hay que tener cuidado con lo que se escucha, se lee o se ve en los medios de comunicación porque es sólo una parte de un todo.

Existe también el riesgo de la victimización, los manifestantes se convierten en automático en víctimas y el mexicano tiene una natural tendencia a ponerse de su lado, con razón o sin ella. Siempre ha sido así.

A su vez, una intervención de la fuerza pública no da garantía de éxito; el número de manifestantes rebasa al de los policías, el riesgo de daños “colaterales” a la población civil es muy alto y, además, la reacción de los manifestantes es impredecible, pueden dispersarse y vandalizar a varios puntos al mismo tiempo y la policía no actúa así, siempre van aglutinados para enfrentar o contener. Además, qué sentido tiene detenerlos, si la izquierda capitalina suavizó las leyes en el Distrito Federal para no victimizar la “protesta social”. Una invitación a la impunidad.

 

2)      La violencia institucional es el pegamento de los radicales. Los grupos de presión actúan así, buscan banderas que los mantengan vivos, es oxígeno puro para ellos y así han nacido muchos movimientos que trascienden. Los profesionales del conflicto se asocian entre sí para buscar aliados futuros, a sabiendas que todo tendrá una recompensa económica y política. Imagino al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a los 400 pueblos, a los estudiantes rijosos de la Universidad de la Ciudad de México (UCM), a los anarquistas y muchos más, esperando la invitación de la Coordinadora de la Sección 22 de maestros de Oaxaca a su fiesta.

El gobierno prefiere administrar a los rebeldes que solucionar el conflicto de raíz, eso garantiza solución inmediata, que en ese momento, es lo que importa a un régimen.

 

3)      El conflicto nunca se resolverá. Los gobiernos dicen velar por los intereses comunes, pero en realidad administran los intereses de “los diversos” (Dubiel), desde los económicos y los sociales hasta los religiosos y los informales. Se le pide al Gobierno de la Ciudad que intervenga y use la fuerza para resolver un conflicto que no es de la ciudad, es del Gobierno Federal o en última instancia del gobierno de Oaxaca, ellos son los patrones de los maestros, la educación pública es federal y nunca se ha sabido que se pretendan disolver –con perseverancia e inteligencia- a la Coordinadora de maestros, que por cierto, eso de ser “educadores” es una simple anécdota. Esto es un conflicto laboral con un trasfondo dramático sobre la calidad educativa en esas entidades.

Además, siempre se ha sabido que estos grupos poseen armas o tiene vínculos con grupos armados, vandalizan con un profesionalismo inusitado, realizan actividades propias del crimen organizado (recordemos la detención de varios “maestros” señalados como secuestradores de los hijos de José Álvarez Candiani, hermano del Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial) y andan por la vida burlándose de todos, porque saben que su mayor fuerza es la impunidad.

 

4)      Este también es un tema de comunicación e imagen. La izquierda jamás permitirá que se le endosen escenas de tanques arrojando chorros de agua o gases lacrimógenos, muertos tirados en la calle (no exagero), gente ensangrentada; autos, comercios o edificios incendiados. Imagine escenas parecidas a una guerra civil en plena Ciudad de México. Eso es inconcebible para una ciudad gobernada por la izquierda. Además, ya tenemos demasiados conflictos violentos en toda la república, como para estos se trasladen al corazón de México. El impacto mediático es mayúsculo.

 

No estoy defendiendo la no intervención del uso legítimo de la fuerza, estoy tratando de entender la visión de los políticos para soportar más el reclamo ciudadano que caer en la provocación de los violentos. Ese es el dilema.

 

 

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