- Los 432,000 millones de dólares en remesas de 2015 triplican la ayuda oficial externa.
- Las migraciones facilitan el comercio, la inversión y la transferencia tecnológica.
- La OCDE reporta efectos netos positivos contra el envejecimiento de la población.
Más allá del muro de Donald Trump
Las acciones en contra de México ya resuenan en Centroamérica, con la firma de varios decretos. Es urgente integrar un frente diplomático común en la región para evitar deportaciones masivas.
Por Nuria Marín Raventós*
La esperanza de que lo prometido en campaña en el tema de migración fuera moderado una vez asumida la presidencia no ha tenido eco en las primeras órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las acciones anunciadas en campaña contra México ya resuenan en Centroamérica, con la firma de varios decretos cuyo objetivo no sólo es la construcción del prometido muro a lo largo de su frontera con su vecino del sur, también crea 5,000 nuevas plazas para la policía fronteriza y 10,000 nuevos empleos para oficiales de inmigración y aduanas.
Se amplían también los criterios para la deportación. Además, se ignora qué pasará con aquellos migrantes protegidos bajo las iniciativa ejecutivas aprobadas por Obama en 2012, que protegen de la deportación a quienes ingresaron ilegalmente antes de cumplir 16 años de edad con el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) o bien con el DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), plan de protección a progenitores de estadounidenses o residentes legales cuya aplicación está suspendida ante la impugnación de inconstitucional por varios estados. Sobre esto se guardó silencio en campaña.
Tampoco está claro qué pasará con el Estatus de Protección Temporal del cual gozan nacionales de tres países centroamericanos y cuyas fechas de vencimiento están cercanas, tal es el caso de El Salvador, que vence el 9 de marzo de 2018, y Honduras y Nicaragua, que vencen el 5 de enero de 2018 (US Citizenship and Immigration Services).
Según el Banco Mundial, de los 46.1 millones de migrantes residentes en Estados Unidos, 11 millones se encuentran en condición ilegal. En total son 3.1 millones de personas centroamericanas cuyos países de origen son El Salvador (1, 352,000), Guatemala (928,000), Honduras (599,000), Nicaragua (256,000) y Costa Rica (90,000), y se calcula que la mitad se encuentra en condición migratoria irregular (Migration Policy Institute, 2015).
En una región con altos niveles de desempleo, con escasos recursos para inversión social en educación, salud y vivienda, entre otros, la posibilidad del retorno de cientos de miles de personas a sus países de origen, especialmente los del Triángulo Norte, azotado por altos niveles de violencia, debe generar preocupación. Por ello, debe crearse un frente diplomático común en la región para evitar deportaciones masivas.
Y qué decir del impacto económico que podría producir la pérdida o disminución de ingresos por concepto de remesas. Para darnos una idea, las remesas equivalen al 17.4% del PIB en Honduras, al 16.8% en El Salvador, al 9.9% en Guatemala y al 9.7% en Nicaragua (Migration and Remittances Factbook 2016, World Bank Group).
En el caso de Costa Rica, si bien el peso relativo de las remesas enviadas por los 90,000 migrantes radicados en Estados Unidos es menos representativo contra el PIB, su peso social es relevante, pues llegan a familias radicadas en zonas con escasas oportunidades laborales; por ejemplo, Pérez Zeledón, en San José.
Deportaciones, menores remesas y acciones proteccionistas que podrían ahuyentar a la inversión extranjera en la región son amenazas que no podemos tomar a la ligera, máxime ante señales negativas como la del ultraconservador Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, quien quiere recortar fondos federales a las “ciudades santuario”, sitios que protegen a las personas indocumentadas y se oponen a las políticas de Trump, como Boston, Cambridge y Los Ángeles.
Existen fuertes argumentos para organizar ese frente regional común:
