A poco más de un mes de haber tomado posesión como el presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado un menor número de órdenes ejecutivas, proclamaciones y memorandos que su antecesor, el ex presidente Barack Obama.

Pero sucede que los temas en los que ha firmado más de 20 órdenes ejecutivas son un tanto más controversiales que aquellos de los pasados ocho años de administración. De entrada, diversos analistas comentan que la insistencia por usar este recurso constitucional, únicamente obedece a la imperiosa necesidad que tiene el mandatario por mostrar que su gobierno es el engranaje prometido a lo largo de su campaña. Sin embargo, el freno que se ha hecho presente en algunos temas de la agenda política de Trump, es consecuencia natural del sistema político estadounidense y que ha buscado desde el siglo XIX proteger el país de acciones antidemocráticas.

Hoy en día, es ampliamente conocido que, durante este primer mes de gobierno, no sólo se han cumplido ya algunas promesas de campaña, sobre todo en lo que refiere a la política migratoria, las relaciones comerciales, la construcción de dos oleoductos y el establecimiento de una línea más conservadora dentro de la Corte Suprema de EU. Sin embargo, es poco conocido que el ex presidente Obama, firmó más órdenes ejecutivas que Trump en su primer mes de gestión entre las que se destaca la orden ejecutiva que iniciaba la gestión para el cierre de la Prisión de Guantánamo (que, por cierto, aún existe).

No sólo el número de órdenes ejecutivas ha sido menor, también ha sido menor el índice de aprobación de Trump como presidente electo y lo más sorprendente es que éste ha seguido cayendo hasta convertirse en el más bajo en la historia presidencial en Estados Unidos. Cabe destacar que, la historia reciente nos dice que entre mayor es el índice de aprobación, mayor es la eficacia en el cabildeo al interior del Congreso y esto impacta favorablemente en la cantidad de iniciativas aprobadas para la agenda política de cada presidente.

En días pasados, durante una gira de trabajo en Florida, el presidente Trump confirmó que antes de iniciado marzo, firmaría una nueva orden ejecutiva para delinear más rigurosamente su política migratoria explicando que el fundamento de dicha orden es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo para mantener seguro al país. Y, aunque no ha habido una orden ejecutiva que se refiera a la seguridad interna, ha nombrado enemigos del Estado, tanto a los migrantes no autorizados como a los medios de comunicación que emiten, desde su punto de vista, noticias e información parcial y poco confiable.

Pareciera que estamos nuevamente entre 1840 y 1850, momento de las migraciones chinas a Estados Unidos. Hace más de 130 años, aquellos migrantes chinos también fueron sujetos de una ley antiinmigrantes que buscaba defender a los ciudadanos estadounidenses de aquellos que les “robaban” sus empleos y representaban una amenaza para la seguridad nacional.

Más tarde, la orden ejecutiva que dio origen a la Ley de Exclusión de los Chinos fue firmada por el presidente Chester A. Arthur, quien logró la suspensión de la migración china hacia Estados Unidos por un periodo de 10 años, y en 1902, esta Ley se volvió una restricción permanente.

Esta medida restrictiva, tuvo un impacto social profundo, tanto por las familias que fueron separadas a raíz de esta ley, como por el freno impuesto a las comunidades chinas en Estados Unidos y que les impedía su adecuada asimilación, desarrollo social y económico.

Para entender la complejidad de la política migratoria de los Estados Unidos en la Era de Donald Trump, tristemente, debemos remitirnos al origen de las restricciones y prohibiciones migratorias: la Ley de Exclusión; que, dicho sea de paso, es la prueba irrefutable de que la tierra de las oportunidades, el sueño americano y la tierra de los hombres libres constituyen una utopía, una ilusión al alcance de pocos, pero en la aspiración de muchos.

 

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