EFE.- México se planteará metas más ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, previsto en los Acuerdos de París para el cambio climático, cuando se recupere económicamente de la pandemia.
Así lo ha explicado la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, en una entrevista en Nápoles, donde hoy concluye el G20 de Medio Ambiente y Energía, bajo la presidencia de turno italiana.
La meta de contribución comprometida actualmente por México para el año 2030 es reducir un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a una línea base, aumentando a un 36% esta reducción condicionada al apoyo y financiamiento internacional, según explica el Gobierno del país en su página oficial.
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La subsecretaria y los ministros de las veinte economías que representan alrededor del 90% del producto interior bruto (PIB) mundial conversaron el jueves sobre biodiversidad y medio ambiente, y este viernes es el turno del clima y de la energía.
Uno de los asuntos sobre la mesa es la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y el ministro italiano de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, ya ha lamentado que el G20 sea reacio a sumarse al objetivo que persigue la Unión Europea (UE) de lograr una disminución del 55% para 2030 con respecto a los niveles de 1990.
“Nosotros no hemos hecho una apuesta por mayor ambición del Acuerdo de París, estamos alineados a eso, pero estamos seguros de que, en la medida en la que podamos recuperarnos económicamente después de la pandemia, esto es un desafío aún mayor. México también podrá tener metas más ambiciosas“, ha asegurado Delgado.
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México y la reforma eléctrica
Preguntada por la polémica reforma eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca fortalecer a las empresas públicas frente a la excesiva presencia de las privadas y extranjeras, Delgado indicó que el Ejecutivo está “analizando su pertinencia y la considera oportuna”.
Ahora “los legisladores tendrán que valorar” el riesgo de que la reforma se encalle con demandas judiciales, pero “también el costo-beneficio del planteamiento de esa ley”.
Será el sector privado, dijo, el que decida “si se queda” en México o no, pero rechazó que esta ley vaya a alejar este tipo de inversiones, a pesar de que una veintena de congresistas de Estados Unidos ha denunciado recientemente en una carta dirigida al presidente Joe Biden que va en contra del espíritu del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
