Este domingo, los ciudadanos mexicanos podrán participar en la primera consulta popular que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual expresarán si se inicia o no un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, como los expresidentes.
Durante 15 días, integrantes de Morena y diversos actores de la sociedad civil se volcaron a impulsar este mecanismo de participación ciudadana, y en algunos casos pidieron que votara por el “sí”. Esto independientemente de la difusión que hizo el órgano electoral.
Esto porque el reto es lograr la votación necesaria para que la consulta sea vinculante. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, para que esto suceda, debe participar en las urnas un poco más de 37 millones de electores; es decir, 40% del listado nominal aprobado por el INE, que es de más de 93 millones.
Morena, que impulsó la realización del ejercicio desde agosto de 2020, intensificó su campaña de promoción para animar a los ciudadanos a votar.
Mario Delgado, líder nacional del partido, en la última semana emprendió una gira por los estados que son gobernados por políticos morenistas para llamar al voto: Guerrero, Chiapas y Tabasco.
Los gobernadores electos Alfonso Durazo, Marina del Pilar, Indira Vizcaíno y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se sumaron al llamado morenista para pedir el sufragio y que la consulta popular avance.
El activismo fue más allá, Forbes México hizo un recorrido por dos alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Benito Juárez donde pudo constatar que diversas cuadrillas -con al menos ocho personas, en su mayoría adultos de la tercera edad- caminaban para pegar cárteles con las caras de los expresidentes de México y solicitando los datos personales de los electores.
-¿Usted es beneficiaria de algún programa social?, cuestionó Forbes México a una mujer de 67 años quien pegaba cárteles en la colonia Atenor Salas.
-“El gobierno me da mi pensión de adulto mayor, pero estoy aquí por convicción”, contestó mientras su pareja, un hombre de 69 años, recababa el nombre, domicilio, sección electoral y clave electoral de una persona interesada en participar en la consulta que hoy se realiza.
-“Lo importante es que hoy las familias pueden tener la certeza de que puede haber justicia por alguna chingadera del pendejo usurpador de (Felipe) Calderón o el de (Enrique) Peña Nieto, que nos llevó al despeñadero”, afirmó el hombre.
De acuerdo con fuentes al interior de Morena, cada delegado y comité estatal tiene la consigna de conseguir a gente que ayude en la difusión de material propagandístico y hoy a salir a votar.
Ante el INE, los impulsores del movimiento proconsulta buscó acreditar a 30 mil observadores electorales; sin embargo, sólo registró a 10 mil.
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Al respecto, Omar García, un sobreviviente del ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y quien impulsa la realización de este ejercicio, señaló que la consulta popular no debe ser vista como un logro de Morena o el presidente López Obrador sino como una conquista de la ciudadanía.
-¿Morena se va a colgar la medalla por la gente que se disponga a votar?
“Se ha morenizado mucho el proceso, pero no se tiene que invisibilizar el trabajo de la ciudadanía (…) En esto tiene que llevar la voz cantante la ciudadanía y las familias de las víctimas”, lanzó.
“Por ser sobreviviente del caso Ayotzinapa para mí tiene un gran significado. Yo empecé junto con otros compañeros y compañeras la iniciativa a finales de agosto del año pasado”, narró García a Forbes México.
-¿Qué lectura política se le debe dar a que la gente no salga a votar?
-“Sienta un precedente sea exitoso o sea un fracaso, lo que si va a pasar es lo que dicen los zapatistas, que de manera extemporánea se tendrá que formar una gran comisión de la verdad, algo tiene que surgir porque tampoco nos movilizamos a lo tonto”, puntualizó.
A decir de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, si la consulta no resulta ser vinculante, será su partido quien impulse la creación de una gran comisión de la verdad que garantice a las víctimas el acceso pleno a la justicia.
“Estos procesos son muy dolorosos, son largos, calan hondo en la herida social. Entonces, el sólo hecho de que exista me parece valioso”, comentó Antonio Attolini, militante de Moren..
“La consulta, que apela a memoria, que apela a la verdad, porque de eso trata la consulta que es esclarecer las decisiones políticas del pasado; es un éxito en si misma. Entonces, pase lo que pase, la cantidad de gente que salga a votar, habla de un reclamo de memoria que ese no puede ser contabilizado o no puede ser descartado si aritmeticamente no cumple”, dijo.
-¿No abona al pacto de impunidad que se someta a consulta la aplicación de la justicia?, se le cuestionó.
“La consulta tiene como centro fundamental, del por qué estamos haciendo esto, esclarecer las decisiones políticas del pasado en detrimento de las víctimas y sus derechos humanos. La consulta lo que pretende hacer es romper un pacto de impunidad que difícilmente se podría hacer desde las élites cúpulares”, señaló el morenista.
Antecedentes de la consulta
La consulta popular es el primer ejercicio de esta magnitud que organiza el INE, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador y 2.7 millones de ciudadanos que aportaron su firma ante el Senado de la República.
La consulta popular fue introducida en una reforma política introducida por el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
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Fue el 9 de agosto de 2012 cuando se incluyó este mecanismo de participación ciudadana; sin embargo, no se logró concretar la expedición de la ley secundaria del artículo 35 de la Constitución y sería en 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto donde se publicaría.
En 2019, luego de una nueva reforma a la ley federal de consulta popular y revocación del mandato, se estableció que para solicitar este ejercicio, se debían capturar al menos el equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores de entidad o entidades federativas a participar en el proceso.
La petición de consulta popular también puede ser promovida por 33% de los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión o directamente el presidente de la República.
Fue el 15 de septiembre de 2020, cuando el tabasqueño envió al Senado de la República una solicitud para la realización de una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y de acuerdo con el debido proceso, a los expresidentes que gobernaron México desde 1988 a 2018.
El presidente López Obrador propuso en ese entonces esta pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que poner los nombres de los exfuncionarios en la boleta violaría sus derechos humanos, por lo que modificó la pregunta a esta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
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