Aunque de manera reiterada enfatizó su respeto por los líderes de los países bálticos que le acompañaban, Donald Trump se dio tiempo para auto reconocerse por las cuotas que algunos países de la OTAN han puesto al corriente, para reiterar con insistencia su preocupación por el déficit comercial con China, lo “injusto” que ha sido el TLCAN para su país y la vinculación “imprescindible” que debe haber entre comercio y seguridad cuando se habla de la relación con México, también se tomó su tiempo para hablar de Rusia y de los temas de esa agenda bilateral.

Cuando decidió hablar de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigían hacia la frontera sur de su país, el presidente Trump, además de asegurar que la caravana se había diluido porque él pidió al gobierno mexicano que interviniera para disolver la movilización, no dudó en reiterar su inconformidad con su sistema judicial al que él mismo llamó ineficiente y absurdo que (desde su punto de vista) necesita reformarse a fin de poder sacar a los migrantes indocumentados de su territorio. En esa abrupta conferencia de prensa, aseguró que por primera vez en la historia su gobierno militarizaría la frontera sur para garantizar la seguridad nacional.

Sin embargo, aunque dijo haber estado comentando el tema con su secretario de Defensa, Jim Mattis, resalta su desconocimiento de la historia reciente de su país pues no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos habla de militarizar su frontera con México; lo hizo George W. Bush y lo hizo también Barack Obama. En ambos casos, el intento no fue bien recibido ni por la opinión pública ni por el Congreso, tampoco tuvo el impacto deseado, principalmente por el alto costo que implica la movilización de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur del territorio estadounidense.

Es imprescindible recordar que la Guardia Nacional, fue creada en 1903 con la intención de asegurar un cuerpo de reserva a las Fuerzas Armadas, que respetando el Pacto Federal estén al mando del poder ejecutivo de cada estado de la Unión Americana (gobernador). En ese sentido, movilizar a la Guardia Nacional no solo requiere de la aprobación de cada Congreso local sino de la viabilidad presupuestaria local. En otras palabras, cada estado fronterizo tendría que aprobar la reconducción de recursos presupuestales (lo que implica un replanteamiento de sus planes y políticas de desarrollo local) para movilizar a los efectivos de la Guardia Nacional (que hoy en día suman casi 500 mil efectivos a lo largo y ancho de EU). Solamente en tiempo de guerra o de emergencia nacional grave, el presidente puede llamar a las unidades necesarias de la Guardia Nacional para que formen parte de batallones o brigadas del ejército o de la fuerza aérea.

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Dado que los tres primeros artículos de la Constitución Política de EU contienen las facultades de la Federación y de los Poderes de la Unión, y en ellos se contiene la atribución del poder Ejecutivo para hacer la guerra y movilizar a las Fuerzas Armadas, con la aprobación del Congreso, cuidar la frontera sur con marines o miembros del ejército o la fuerza aérea, implicaría primero la autorización del Congreso y el ajuste presupuestal y operativo que permitiera el desplazamiento de efectivos hacia los estados fronterizos y por ende, la militarización de su territorio, lo que implícitamente lleva a un estado de guerra.

No hay que perder de vista que Trump sólo ha conseguido 1.6 billones de dólares de los 25 billones necesarios para la construcción del muro, esto aleja del corto plazo el cumplimiento de una de sus promesas de campaña que puede pesarle mucho al Partido Republicano en las próximas elecciones intermedias. Y recientemente ha comentado que debería ser el Pentágono el organismo que accediera a una reconducción presupuestal por tratarse de un tema de seguridad nacional, lo que puede llevar a pensar que este tremendo manotazo es parte de las estrategias de presión para conseguir el financiamiento del muro.

Es innegable que la agenda política del presidente Trump está cada vez más vulnerada, la presión que ejerce la opinión publica en tiempos previos a las campañas electorales y la presión externa del reacomodo geopolítico, hacen cada vez más difícil el segundo año de un gobierno eclipsado por la polarización social y la crisis de sus instituciones.

 

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