La compra de 13 plantas de Iberdrola fue presumida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una nacionalización de la industria eléctrica. Hasta ahora, se trata de retórica y demagogia.
Como parte de su política para recuperar la presunta soberanía energética, el gobierno federal se dedicó desde el principio de esta gestión a presionar a Iberdrola, el productor privado más grande de México. El hostigamiento concluyó en el anuncio para la adquisición casi el 80% de los activos de la empresa de capital español.
Con la compra de un corredor eólico y 13 plantas de ciclo combinado, que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad mediante el trabajo conjunto de una turbina de gas y una de vapor, Comisión Federal de Electricidad (CFE) volverá a expandir su capacidad de generación de energía, al pasar de 39.6% a 55.5% de toda la energía del país.
Hasta ahí todo suena correcto y lógico. Entonces ¿por qué digo que es retórica y demagogia?. La adquisición -que está en proceso y que podría llevar hasta medio año- se realizará a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo cual requiere financiamiento de la banca, como Nacional Financiera y otras opciones privadas, pero las plantas serán administradas por México Infrastructure Partners (MIP)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que la compra no implicará deuda pública presupuestal, ya que se trata de financiamiento de fuentes que no son parte del balance del sector público. La operación será financiada con 45 mil millones de pesos -2 mil 500 millones de dólares- del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y se prevé que otros bancos comerciales y de desarrollo, como Nacional Financiera (Nafin) también participen.
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El MIP es una administradora mexicana independiente de vehículos financieros, como Fomento a la Energía e Infraestructura de México (EXI), y tiene como objetivo invertir en proyectos para proporcionar retornos atractivos, combinando la experiencia del equipo en fondos en México y a nivel global, con un gobierno corporativo sólido, con transparencia y rendición de cuentas, señala en su portal.
Pero, si el MIP, que es un privado, será el administrador de los activos que cedió -con o sin presión- un privado, ¿por qué se habla de nacionalización de la industria eléctrica?. El MIP arrendará las plantas a la CFE. Legalmente, las centrales y la gestión del fideicomiso serán privadas, ajenas al gobierno federal y a la CFE.
Hasta ahora la Secretaría de Hacienda asegura que no incurrirá en deuda. El capital inicial de 45 mil millones de pesos se completará con el flujo que resulte de la operación de las plantas de generación de energía, en un plazo de 10 años.
Así que para cuando se paguen las plantas, con capacidad para generar 8,539 MegaWatss, el tiempo para la recuperación de la inversión será limitado y hasta ahora no hay claridad sobre la reducción o aumento de costos que implicará la operación por parte de CFE y la administración del MIP, así como la depreciación de los activos, cuya vida útil promedio es de 15 años.
Comprar 13 plantas de ciclo combinado y un parque eólico se vislumbra como una inversión negativa en términos financieros, aunque positiva en el aspecto de retórica porque no hay razones para suponer que la electricidad será más competitiva en costo y precio -la calidad será la misma-, pero ahora las plantas son operadas por trabajadores de la CFE que, aún con un contrato colectivo oneroso, se autodescribe como la empresa de clase mundial: la Empresa Productiva del Estado.
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