El istmo de Tehuantepec, en el sur de México, es uno de los lugares con más viento de la tierra. Rodeado por dos cadenas montañosas, la franja plana de tierra entre el Pacífico y el Golfo de México es un túnel de viento natural. Una sola ráfaga puede voltear los coches. El lugar perfecto para instalar turbinas de viento.
La geografía única del istmo ha dado lugar a fortunas mixtas. Unión Hidalgo, que alguna vez fue un aburrido pueblo agrícola, es una de las comunidades predominantemente indígenas de la zona, que ha experimentado un verdadero “frenesí del viento” desde la década de 2000. Algunos la apodaron “La Nueva Conquista” ya que grandes corporaciones, a menudo europeas, se apresuraron a aprovechar el poder natural del istmo.
Como tantas en esta región, la casa de Guadalupe Ramírez en Unión Hidalgo se esconde tras las interminables filas de turbinas de viento.
En 2009, Ramírez, una ama de casa zapoteca convertida en activista a sus 60 años, firmó un contrato de arrendamiento de 30 años por su propiedad. Sabía que la tierra se utilizaría para un proyecto de energía eólica. Pero cuando llegaron los parques eólicos, como muchos otros, se sorprendió por la magnitud de las consecuencias. Desde entonces, lucha para asegurarse de que los demás estén mejor informados que ella antes de suscribir un contrato similar.
“Queremos que la gente esté informada sobre lo que los nuevos parques eólicos significan para ellos. Queremos que sepan que no solo traerán beneficios sino también muchos problemas”, cuenta a DW. “Si la gente está informada de antemano sobre todos los hechos, no será tan fácil convencerla”.
Ramírez y otros activistas sostienen que los parques eólicos mexicanos aportan poco o ningún beneficio económico a la comunidad local. También compiten con la agricultura a pequeña escala, que es la principal fuente de ingresos para muchas familias.
El principal problema es la falta de información. De acuerdo con la ley mexicana, las comunidades indígenas deben tener un voto decisivo en los proyectos. Sin embargo, según los activistas, la información que se les da por adelantado suele ser incompleta o engañosa. Además, los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a esos proyectos son a veces acosados e intimidados.
Ramírez deposita sus esperanzas en una batalla legal en curso, que podría marcar el rumbo de la energía limpia en México. De ser aprobado, se detendría la construcción del último proyecto controvertido.
La energía limpia tiene un precio
El parque eólico Gunaa Sicarú está previsto que se construya cerca de Unión Hidalgo. Dirigido por el gigante energético francés, Electricité de France (EDF), proporcionará 252 megavatios de potencia. Para ello, primero debe ser aprobado por la población local a través de una consulta pública. Y como para muchos parques eólicos apoyados por multinacionales en Oaxaca, eso está resultando ser un desafío.
En un país históricamente dependiente de los ingresos del petróleo, la energía eólica y otras energías renovables podrían favorecer una transición hacia una energía más limpia. No obstante, Alejandra Ancheita, directora de la ONG ProDESC, advierte que la energía verde no debe replicar el daño ambiental y el mal manejo de las comunidades locales, típico del sector mundial de combustibles fósiles.
“Los proyectos de energía renovable no pueden justificarse únicamente por el hecho de que produzcan energía limpia”, dice Ancheita a DW. “No es energía limpia si no se desarrolla teniendo en consideración a las comunidades locales donde se construirá el proyecto”.
El equipo legal de ProDESC representa a un grupo de residentes de Unión Hidalgo con un mandato judicial contra EDF y las autoridades locales. La ONG sostiene que las autoridades locales y EDF no proporcionaron información precisa sobre los impactos del proyecto y distribuyeron traducciones engañosas del español al zapoteco.
Conflicto en la comunidad
Ramírez y otros activistas locales critican que la escorrentía de petróleo de las turbinas, que ya dominan el paisaje, contamina las vías fluviales. Al mismo tiempo, el sonido de los parques eólicos, muchos de los cuales están cerca de las ciudades, perturba a los residentes y a la fauna local de aves.
Pero mientras que Ramírez y otros luchan por evitar más daños en sus tierras, algunos apoyan el desarrollo en Unión Hidalgo. En particular aquellos que pueden obtener un ingreso constante por el arrendamiento de sus tierras. “Está provocando mucha división en nuestra comunidad”, lamenta Ramírez.
Según un informe de Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, el conflicto en la comunidad se intensificó en 2018, después de que quienes critican el proyecto fueran condenados como “enemigos del desarrollo” en las reuniones de asesoramiento de EDF.
ProDESC y ECCHR concluyeron en una carta formal el año pasado, que la compañía necesitaba hacer más para prevenir conflictos en la comunidad.
EDF declaró a DW que había cumplido con sus obligaciones en el procedimiento de consulta para Gunaa Sicarú, pero que las autoridades mexicanas son en última instancia responsables de informar a las comunidades locales para garantizarles libertad de elección. EDF añadió que no había recibido ningún informe de amenazas contra quienes critican el proyecto de Gunaa Sicarú. El gobierno del estado de Oaxaca, por su parte, no respondió a la solicitud de comentarios de DW.
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El futuro de la energía limpia
Como uno de los 15 mayores emisores de CO2 del mundo, México se ha comprometido a generar el 35% de su electricidad a partir de energía limpia para el año 2024. Desde que una reforma abrió el sector a la inversión privada en 2013, las energías renovables han despertado un gran interés entre los inversores. Tanto el sector solar como el eólico registraron un crecimiento récord el año pasado.
Sin embargo, los observadores temen que el futuro de las energías renovables sea incierto bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lisa Viscidi, del laboratorio de ideas Diálogo Interamericano, dijo a DW que los cambios regulatorios bajo la actual administración están minando los incentivos para la inversión en el sector.
Ganar el consentimiento de las comunidades en Oaxaca ha sido otro reto significativo. Un informe de 2019 escrito por Viscidi sobre la primera subasta de energía limpia en México concluyó que varios proyectos se habían retrasado debido a la falta de aprobación de la comunidad.
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