En menos de un año y medio, México abandonó su estatus de campeón regional en energías renovables para perseguir la soberanía energética por medio de combustibles fósiles principalmente, un objetivo que, en la práctica, pretende el rescate y regreso dominante de las empresas estatales.

Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de fuentes contaminantes, en un intento político y técnico para limpiar el consumo eléctrico de industrias y hogares a nivel internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha basado su discurso político en recuperar las viejas glorias de los monopolios energéticos que intentó sepultar el gobierno priista de Enrique Peña Nieto con su Reforma Energética.

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En el caso eléctrico, aunque ya existían modelos de participación privada, los cambios constitucionales instalaron un esquema que detonó costos de generación tan bajos que establecieron marcas internacionales: las subastas eléctricas de largo plazo.

El interés de gigantes energéticos, como la italiana Enel o la francesa Engie en México, no es casualidad. Un 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar, además de una oportunidad para que México se convierta en la séptima potencia mundial en esta materia.

En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un potencial de 50,000 MegaWatts (MW), cifra superior al pico de demanda eléctrica del país.

Pero el presidente ha rechazado y desestimado los datos duros sobre cualquier tema energético que no se alinee con su agenda, y en el camino, ordenó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, en diciembre de 2018.

Incluso antes de aspirar formalmente a la presidencia, López Obrador criticó a las energías renovables desde una perspectiva insospechada por la industria: la estética.

En enero de 2015, durante una gira por el norte del país, el político tabasqueño criticó la instalación de infraestructura eléctrica en la región de la Rumorosa, en el municipio de Tecate, Baja California.

“Esa zona natural, única, extraordinaria que deberían de cuidar, ya ahora instalaron ventiladores para generar energía eólica. Eso es un absurdo. Por beneficiar a unos cuantos se afecta un área natural. ¡Qué cosa más bella que la rumorosa! ¿Por qué no cuidarlo?”, declaró.

Ahora como titular del poder ejecutivo, el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido una de sus prioridades, aunque eso implique una cruzada legal en contra de la iniciativa privada.

El último encontronazo ha ocurrido en plena contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19, ya que las autoridad federal decidió limitar la operación de las centrales de generación de energía eléctrica por fuentes eólicas y solares.

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Las primeras peleas

El primer desencuentro ocurrió en febrero de 2019, cuando el director general de CFE, Manuel Bartlett, acudió a la conferencia matutina del presidente para denunciar ante la opinión pública contratos de gasoductos que calificó como “leoninos” por las condiciones desfavorables para la empresa que dirige y que representaban un gasto de más de 5,000 millones de pesos anuales por cláusulas de fuerza mayor, es decir, situaciones como sabotajes, sismos y problemas sociales.

Durante seis meses, el gobierno buscó una renegociación de los contratos, en medio de medidas legales contra IEnova, TC Energy (antes TransCanada) y Carso Energy del empresario mexicano Carlos Slim Helú, hasta que en agosto lograron un acuerdo con ahorros por 670 millones de dólares para CFE.

Esta batalla no silenció a CFE en otros frentes.  Aunque la energía solar y eólica lograron precios récord de 20 dólares por MegaWatt-hora en la última subasta eléctrica, Bartlett consideró que era falso que dicha electricidad fuera barata porque existen costos no reconocidos.

“Se hace toda una campaña de que las energías limpias son las más baratas y es mentira”, declaró Bartlett en marzo de 2019.

Según la empresa mexicana, las energías renovables están subordinadas a la intermitencia y no pagan el respaldo eléctrico con plantas convencionales, ni estabilidad de las redes de transmisión y distribución. Tampoco el mantenimiento o daños a transformadores.

Otro desencuentro entre el gobierno y el sector privado ocurrió cuando el 28 de octubre, la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle, permitió la emisión Certificados de Energía Limpia (CEL) a las 60 centrales hidroeléctricas de CFE.

La dependencia encargada de la política energética justificó su decisión ante una supuesta “especulación comercial” sobre dichos certificados, pues los precios de la electricidad producida con energías limpias aumentaron, y por lo tanto, las tarifas eléctricas para los usuarios finales también, según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las reglas establecidas en octubre de 2014 por el gobierno priista para otorgar los títulos verdes impedían el reconocimiento de toda la generación de electricidad limpia de la compañía estatal, principalmente de sus 60 plantas hidroeléctricas, y solo las centrales nuevas o repotenciadas podían emitirlos.

El ingeniero eléctrico y director de la empresa Baorgg, Santiago Barcón, recuerda que los grupos industriales como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se oponían a las reglas de los Certificados, pero ahora participan en la discusión a favor de la electricidad generada por fuentes limpias.

“Durante la aprobación de la Ley de Transición Energética, en 2015, todos estaban en pie de guerra contra el gobierno. De rechazar lo CEL, ahora resulta que cuando los tratan de quitar, la misma iniciativa privada se opone. No tiene sentido. Se trepan a cuadriláteros que no les corresponden”, agrega.

“La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero se suma a la opinión de la Concamin en el sentido de que se deben diferir las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto de Ley de Transición Energética (LTE), así como reducir las multas relacionadas a la obligación de contar con Certificados de Energías Limpias (CEL)“, declaró la Cámara en un comunicado del 25 de noviembre de 2015.

Confianza vs inversiones

Bajo el argumento de darle confiabilidad al sistema eléctrico nacional durante la emergencia sanitaria de coronavirus Covid-19, el Cenace y Sener publicaron acuerdos para ordenar la operación del sistema con disposiciones que limitan a las centrales privadas solares y eólicas.

La polémica escaló porque el documento de Cenace particularmente suspendía las pruebas operativas de plantas de energía renovable porque se ponía en riesgo la operación del sistema.

La iniciativa privada, desde el Consejo Coordinador Empresarial hasta la embajada de Canadá y la Unión Europea se opusieron porque ponían en riesgo las inversiones realizadas en territorio mexicano para favorecer plantas convencionales de CFE, que utilizan combustibles más caros y contaminantes, como el carbón y combustóleo, un derivado del petróleo alto en azufre.

Según el grupo empresarial que preside Carlos Salazar, la política de Sener representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, y tendría “graves consecuencias” como la pérdida de empleos, además de las afectaciones a los proyectos eléctricos en 18 estados del país, que representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares. Después de una guerra de declaraciones, 23 empresas obtuvieron amparos del Poder Judicial para suspender la medida del Cenace.

“El acuerdo no tiene fechas ni límites. Dice los ‘qué’ pero sin los ‘cómos’. Creemos que hace falta mucha más comunicación e interlocución que permita entenderse a todas las partes, y recordar que todos queremos una red confiable, porque entendemos las limitantes de inversión que tiene la red, que son fortísimas, pero trabajemos juntos y no generemos una confrontación innecesaria”, dice la académica del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, Karla Cedano.

Para Barcón, el problema central del despacho de plantas renovables e inestabilidad del sistema eléctrico es la falta de líneas de transmisión. El empresario estima que hacen falta entre 6,000 y 8,000 mdd para reforzar la transmisión eléctrica, principalmente en la península de Yucatán, así como Istmo de Tehuantepec, Sonora y Chihuahua.

Mientras el Cenace se reorganiza y plantea estrategias legales para contrarrestar al sector privado, la industria de energías renovables pide al gobierno que se cumpla el marco legal vigente y se utilicen los canales públicos para revisar el marco técnico del sector eléctrico.

“Ahí es en donde deberíamos llevar estas discusiones y no tenerla en una arena política porque al fin y al cabo esta está generando que el marco legal se esté viendo violentado y nos está llevando a los tribunales”, declararon los voceros de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

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