Vaya momentos que estamos viviendo. El país se está transformando, pero no en algo mejor. No cabe duda de que, en años recientes fuimos testigos de la obstinada conducta de enriquecimiento en algunos gobernantes, así como el casi nulo compromiso de empresarios con la moral y un incremento latente en la pasividad de la ciudadanía; condiciones que llevaron al hartazgo nacional, lo cual derivó en el resultado electoral que hoy todos conocemos, mismo que se concretó el pasado 1 de julio de 2018. Lo importante es reflexionar sobre lo que ha venido sucediendo desde entonces.

El diagnóstico sobre los temas principales que aquejan al país hechos por AMLO y su equipo -desde la campaña, y posteriormente- no es errado. La corrupción, injusticia, impunidad e inequidad son los ingredientes principales de lo que se convirtió en un coctel explosivo por no saber administrar correctamente las medidas para resolverlos. Sin embargo, para atacar los temas centrales del gran resentimiento nacional no basta con pretender incorporar cambios o tener buenas intenciones, también es necesario saber que, si no se atacan las causas, de nada sirve actuar por las ramas, o peor aún, acrecentando el sustento de las conductas que alimentaron la consecución de tan malos resultados. Me explico.

Si la pretensión es que haya mejores índices de justicia, equidad, orden y paz en México, entonces es necesario implementar las acciones y programas que vayan a las raíces de los problemas, pero esto no está ocurriendo, incluso se realizan varias actividades que amenazan con empeorar muchos de los temas que nos preocupan a todos. A continuación, veamos dos ejemplos de lo que percibimos desde la perspectiva de la ciudadanía y la sociedad civil.

1) Guardia Nacional: México se encuentra ensangrentado por un enfrentamiento en contra de la delincuencia organizada, particularmente aquella dedicada al tema de estupefacientes. Esa equivocada estrategia que se originó a finales de 2006 hoy sigue acumulando diariamente muertos, desaparecidos, desplazados y mutilados física, social, o económicamente. Es realmente una historia de terror. No obstante, en lugar de reconocer el enorme rezago que ha significado el utilizar las fuerzas militares para enfrentar a un tema que es más bien de carencias institucionales en prevención, investigación y procuración de justicia, la actual administración optó no solamente por no ir por un cambio real de estrategia, sino incluso el llevar el desacierto a un rango constitucional.

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En una decisión que sorprende por su alto nivel de testarudez frente al enorme acervo de información y críticos que explican los problemas asociados a su implementación, hemos visto como se hacen de oídos sordos ante los recuentos de cientos de expertos nacionales e internacionales que han surcado todos los pasillos de las oficinas públicas, y particularmente, del Congreso. Después de una asombrosa y deshonrosa mutación del voto de los diputados priistas para dar la mayoría calificada (al parecer para darles el botín de la gubernatura interina en Puebla), todos aguardamos a ver si no repiten tan dantesca conducta en el Senado.

Apelamos por el mejor sentido de patriotismo de nuestros legisladores. Aún es tiempo de corregir el rumbo. La solución pasa por robustecer nuestros sistemas policiacos y todos los rangos de procuración de justicia. Efectivamente son apuestas de largo plazo, pero si no nos comprometemos con estos cambios, el hecho de militarizar la seguridad pública nos arrinconaría a nunca volver a aspirar por una paz duradera y tranquilidad, con base en el debido respeto al proceso de derechos humanos. En su lugar, habremos dado paso a lo que puede ser el error más grande en política pública en la historia reciente del país, al entrar de lleno a un punto de no retorno.

2) Robo de Combustibles: La forma en que este fenómeno de ilegalidad y corrupción se propagó a lo largo de los últimos sexenios es simplemente descomunal. A nadie le queda duda que, sin la complicidad de funcionarios de Pemex, policías de distintos rangos, gobernadores e incluso presidentes, así como de comunidades, distribuidores y empresarios corruptos, no se hubiera podido llegar a estos niveles de robo. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se han hurtado del patrimonio de Pemex, y, por ende, afectando a todos los contribuyentes. Esto debe cambiar bajo un esquema que permita erradicar las nocivas causas que permitieron el festín ilícito que vimos por muchos años.

El cerrar los ductos de transmisión de los combustibles e improvisar distribución por otros métodos, restringiendo importaciones y trastocando el sistema de funcionamiento de un insumo fundamental de la economía, no puede ser una solución viable. Al contrario, esa ligera “solución” tiene contra la pared a los estados del centro de la república que hoy resienten los estragos de la escasez de combustibles y la consecuente paralización de la industria, y la economía local y regional. En todas estas semanas de agravio no hemos visto ni un solo delincuente detenido, funcionarios consignados, o siquiera, un punto de quiebre de una mejor expectativa de control delictivo. La simple aseveración de que como ya no hay combustible en los ductos no se lo pueden robar es tan absurdo como decir que no se pueden robar bancos si los cerramos todos.

 

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